PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Propietarios de Suelo de Santa Lucía dijo esta mañana que el expediente expropiatorio de los terrenos para la construcción de la nueva cárcel de Pamplona "ha obviado un armónico desarrollo urbanístico del término municipal". La expropiación afectará a 25 propietarios.
Según los afectados, esta situación "parece que responde más a cuestiones de interés electoral que a una tramitación normalizada del expediente de expropiación que respete los derechos de los propietarios y a un coherente desarrollo urbanístico de la zona".
Según los afectados, "la expropiación requeriría un consenso entre las tres Administraciones afectadas, como son, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y la Administración central".
Además, para la comisión de propietarios "la tramitación del expediente expropiatorio para la construcción de la nueva cárcel de Pamplona ha transcurrido por cauces de dudosa legalidad".
Los propietarios indicaron que "el Ayuntamiento de Pamplona debería negociar la ubicación de la nueva cárcel y del parque público, ya que entendemos que esta administración local es la que mejor puede defender los intereses de los ciudadanos".
El 27 de marzo de 2007 los propietarios recibieron una carta desde SIEP (Sociedad Estatal, de Infraestructuras y equipamientos Penitenciarios S.A) en la que se decía que el Gobierno central había decidido ubicar la nueva cárcel en Santa Lucía, según explicó en rueda de prensa el abogado Juan Pedro Arraiza.
"Esta decisión no se sustentaba en ningún expediente o documento", dijo Arraiza, por lo que se creó la comisión con el objetivo de negociar. "En primer lugar, requeríamos una justificación documentada de esta decisión y, por otro, queríamos negociar el precio del metro cuadrado que era de ocho euros pero no obtuvimos respuesta", dijo.
En septiembre del pasado año se publicó en el BOE una resolución del Gobierno de Navarra para la expropiación de terrenos para la nueva cárcel. "Se concedieron 15 días de alegaciones pero no podíamos juzgar la ubicación de la nueva cárcel porque no conocíamos cuál era la justificación del lugar elegido", apuntó Arraiza.
Así, el pasado 5 de febrero la comisión de propietarios mantuvo una reunión con los técnicos de SIEP en la que éstos rechazaron como alternativa el proyecto urbanístico ofrecido por los propietarios y la modificación del precio ofertado por SIEP. "Desde SIEP nos dijeron que estábamos desorientados y que no estábamos enfocando bien el tema", añadió.
Asimismo, desde SIEP se anunció la tramitación próxima de la fase del justiprecio expropiatorio, pendiente de aprobación en Consejo de Ministros que permitiera en el mes de abril próximo la disposición del suelo por parte de la administración y, en octubre, el inicio de las obras de edificación del nuevo centro penitenciario. El precio ofrecido a los propietarios es de ocho euros por metro cuadrado cuando actualmente el precio es de unos 24 euros, según Arraiza.
Los propietarios de Santa Lucía elaboraron un proyecto básico en 2002 que ofrecía la cesión gratuita del suelo en una superficie de 692.360 metros cuadrados, es decir, un 65 por ciento del 1.066.787 metros cuadrados que tiene el terreno. Así, se ubicaría un parque forestal en la llamada colina de Santa de Lucía a cambio de permitir un desarrollo residencial que ocupara 374.427 metros cuadrados.
Arraiza concluyó diciendo que pese a que la comisión "no tiene muchas esperanzas" de llegar a un acuerdo está "a disposición de todas las administraciones para coordinar la expropiación porque sino va a ser un desastre".