Crónica ANV.- La Fiscalía pide al Supremo que suspenda las actividades del PCTV y le prohíba presentar listas al 9-M

- En su demanda también solicita que, mientras se tramita la ilegalización, se embarguen sus cuentas y se cierre su sede

MADRID, 29 Ene. (OTR/PRESS) -

Tal y como se esperaba, la Fiscalía presentó hoy ante la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo la demanda de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) como continuador de la ilegal Batasuna. Además, el escrito presentado hoy por el Ministerio Público solicita al Supremo que adopte cuatro medidas cautelares mientras decide sobre la ilegalización del PCTV: la suspensión de su actividad política, el embargo de sus cuentas bancarias, la clausura provisional de su sede y la prohibición de que presente candidaturas de cara a las próximas elecciones del 9 de marzo. A la acción de la Fiscalía se sumará, antes del viernes, la de la Abogacía del Estado, según adelantó hoy el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El PCTV, presente en el Parlamento vasco desde abril de 2005, ha sido el primero en emprender el camino que en los próximos días también seguirá ANV ante la Sala del 61 del Supremo. Fue a las nueve y media de la mañana cuando el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó la demanda. Si bien no fue hasta pasadas las once cuando llegó a las puertas del tribunal el portavoz oficial de la Fiscalía acompañado de un funcionario que portaba varias carpetas con copias de la demanda. Además, fueron entregados en el Registro del Tribunal Supremo siete tomos de documentos y otras siete cajas que contienen el informe policial que la semana pasada le llegó al Ministerio Público.

Son cuatro las medidas cautelares que la Fiscalía pide que el Supremo adopte mientras decide si ilegaliza o no al PCTV. Así, el Ministerio Público pide que se suspenda la actividad política del partido, que actualmente cuenta con nueve diputados en el Parlamento, cierre de forma provisional su sede y los otros locales que esté utilizando, se embarguen sus cuentas bancarias y, por último, que se le prohíba expresamente presentar candidaturas al 9-M. Cuatro medidas cautelares que, como evidencia la última, solo tiene un objetivo: evitar por todos los medios que el PCTV pueda estar en las próximas elecciones generales.

En su demanda de ilegalización, la Fiscalía señala que está "acreditada la interrelación existente entre el PCTV y Batasuna" y por tanto, y en aplicación de la Ley de Partidos Políticos pide su ilegalización. Una relación de supeditación donde el PCTV "ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación" de la formación ilegal y de "relevantes dirigentes de la misma".

DIRECTRICES POLÍTICAS

Pero además de las pruebas financieras, los más de 200 folios que componen la demanda de ilegalización del PCTV, contienen también aspectos sobre el apoyo político brindado a Batasuna y como este partido ha servido para dar "traslación" hasta el Parlamento vasco del discurso de la formación ilegalizada. Entre ellas pone como ejemplo la "estrategia a seguir en relación con la futura implantación del tren de alta velocidad, secundando y haciendo suyas las consignas impartidas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras lleguen a ser realidad".

En la demanda destaca la importancia de la sede social que el partido tenía en la localidad de Usúrbil (Guipúzcoa), en el mismo edificio en el que tenía su sede la propia Batasuna, durante cuyo registro el pasado mes de octubre se obtuvieron buena parte de las pruebas que hoy permiten a la Fiscalía actuar contra el PCTV. Así, el uso de esta sede es un ejemplo paradigmático del el apoyo político que el partido demandado daba a Batasuna al permitir a los dirigentes de la Mesa Nacional de la organización ilegal "el local de su propia sede social para que mantuvieran reuniones periódicas en el mismo" con la finalidad de "establecer estrategias políticas comunes".

De hecho, la Policía tiene constancia, al menos desde 2006, del uso diario del domicilio social del PCTV por parte de dirigentes de Batasuna --entre los que se encuentran Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena o Juan José Petrikorena-- donde acudían simulando una supuesta relación laboral con dicho partido. Esto ocurrió tras la clausura de los locales de Batasuna decretada por el juez Fernando Grande-Marlaska en enero de 2006.

REUNIÓN TRAS LA T-4

"Especialmente significativo" fue el encuentro que tuvo lugar en el citado local de Usúrbil entre las 12.00 y las 14.15 horas del 30 de diciembre de 2006, el mismo día en el que ETA mató a dos personas en la T-4 de Bajaras con la furgoneta bomba con la que dinamitó el proceso de paz. A esta reunión acudieron los dirigentes de Batasuna Juan José Petrikorena, Joseba Permach, Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Rufino Etxeberría, y concluido el encuentro, a las cinco de la tarde de ese mismo día, algunos de ellos comparecieron en rueda de prensa en un hotel de San Sebastián para afirmar que "el proceso no está roto".

En cuanto a las vinculaciones económicas entre Batasuna y PCTV, en Usúrbil se encontró un documento fechado el 13 de junio de 2007 que establecía las directrices para la creación de una caja única que sirviera para centralizar los ingresos y gastos de todas las estructuras de la Izquierda Abertzale. Un sistema financiero en el que se integrarían PCTV, ANV, con sus ingresos públicos procedentes de su presencia en las instituciones, y Batasuna. Además, la demanda incluye una relación de hasta 49 personas, todas ellas dirigentes de la Mesa Nacional o cualificados miembros de Batasuna, que estuvieron contratados como asalariados por el PCTV.

Y con la demanda contra el PCTV de la Fiscalía encima de la mesa, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que antes del viernes estará lista la demanda de la Abogacía del Estado contra este partido. "Estamos a punto de concluir, es posible que sea mañana, sino en todo caso sería pasado", afirmó Bermejo que también aprovechó la ocasión para responder a quienes tachan de electoralista iniciar ahora las ilegalizaciones y no antes. En este sentido, el titular de Justicia se mostró "muy contento" por no haber cedido a las presiones de presentar dicho material "sin pruebas suficientes". "Ponemos el dedo en la médula del sistema democrático", recordó.