- Alegan que el magistrado ponente "debió abstenerse" en la votación porque en 2003 ocupaba un cargo en la Fiscalía
BILBAO, 22 Abr. (OTR/PRESS) -
El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV) y sus compañeros en la Mesa de la Cámara autonómica Gorka Knorr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) preparan una doble vía para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo que les condena por un delito de desobediencia al no disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Por un lado, los condenados interpondrán un incidente de nulidad contra la sentencia ya que el magistrado ponente, Manuel Marchena "debió abstenerse" porque ocupó en 2003 ocupaba el cargo de fiscal jefe de la secretaria general técnica del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Además, tal y como anunciaron, Atutxa, Knorr y Bilbao también presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional y pedirán la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En una rueda de prensa en Bilbao en la que comparecieron Atutxa y Bilbao, arropados por dirigentes de sus partidos y por el abogado de los condenados Alberto Figueroa, los dos agradecieron todo el apoyo recibido por parte de sus partidos y de los ciudadanos desde que el pasado miércoles se hizo pública la sentencia. También estaba prevista la presencia de Knorr, que finalmente no pudo acudir a la comparencia. Atutxa tomó la palabra para denunciar que se sienten "injustamente tratados" por la Justicia y aseguró que reiteran su "firmeza en lo que hicimos, porque no pudimos hacer otra cosa".
"No somos desobedientes, no somos delincuentes, hicimos lo que estuvo en nuestras manos, mantuvimos paralelamente dos dignidades, la personal y la institucional", proclamó el ex presidente del Parlamento vasco, que aseguró que en este proceso "la última palabra está todavía por decir". También tomó la palabra la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao, quien dijo no dudar de que el caso "va a tener un buen final" porque hicieron "lo que teníamos que hacer y con honestidad".
En cuanto a los siguientes pasos judiciales a dar, fue el propio Atutxa el que comunicó que recientemente han conocido que el ponente del caso en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, "fue nombrado fiscal jefe de la secretaria general técnica del fiscal general el 26 de julio de 2003 y cesado con posterioridad tras la designación del señor Conde Pumpido", por lo que "fue la mano derecha" del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
En este punto, Atutxa se preguntó "qué imparcialidad cabe esperarse de una persona de esta trayectoria" y que "estuvo haciendo seguimiento, impulsando en aquellas primeras instancias desde el Ministerio fiscal" en el caso. En este punto tomó las riendas el abogado que confirmó que la defensa está estudiando la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Supremo basada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El letrado también denunció que el magistrado ponente de la sentencia debió abstenerse porque desde su cargo en la Fiscalía "tuvo que tener conocimiento previo de la querella que se estaba desarrollando" lo que "invalida la imparcialidad con que actúa la sala del Tribunal Supremo". "La sentencia está viciada de la falta de imparcialidad del tribunal que afecta a la tutela judicial efectiva", señaló Figueroa que además destacó que esta falta de imparcialidad es determinante en este caso ya que, recordó, el tribunal estaba prácticamente dividido a la mitad y hubo cinco votos discrepantes de los doce magistrados que componían la Sala.
'DOCTRINA BOTÍN'
Además de la petición de nulidad, también se presentará recurso de amparo ante el Constitucional atendiendo a la vulneración de "al menos tres derechos" de los ex miembros de la mesa del Parlamento, entre ellos el derecho a la igualdad porque "se ha modificado el criterio de la doctrina precedente", la doctrina Botín, sin "una fundamentación sustantiva y suficiente". En su resolución el Alto Tribunal justificó su decisión de no aplicar la 'doctrina Botín' -que impide la apertura de un juicio a instancia exclusiva de la acusación popular- al caso Atutxa, donde es ejercida por Manos Limpias, al no existir perjudicados directos en este procedimiento.
Además, la defensa considera que se ha vulnerado "un proceso con todas las garantías exigibles" ya que "el Tribunal Supremo ha realizado una nueva valoración de la prueba practicada por el TSJPV, lo que está expresamente proscrito en casación". Finalmente, el recurso indicará que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Atutxa, Knörr y Bilbao "condenándolos aún cuando de la propia sentencia se deduce la existencia de dudas razonables".
Por otro lado, solicitará también al TC la suspensión de la ejecución de la sentencia ya que, según explicó Figueroa, en caso contrario el recurso de amparo "perdería interés y finalidad". Además, apuntó que ya se han presentado con anterioridad nueve recursos ante el Constitucional no resueltos y "cualquiera de ellos podría significar la absolución" de los condenados.
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