- De la Vega anuncia que la AECI será a la vez "un organismo de cooperación y una agencia de desarrollo"
MADRID, 26 Oct. (OTR/PRESS) -
Los ciudadanos que cobren una pensión no contributiva y vivan de alquiler, recibirán un complemento anual de 350 euros que será abonado íntegramente por el Gobierno español, tras la aprobación hoy de un Real Decreto por el Consejo de Ministros, que establece las normas necesarias para el reconocimiento, tramitación y pago de dicho complemento. En cuanto a la ayuda al exterior, el Ejecutivo aprobó hoy la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que, a partir de ahora, incluirá la palabra Desarrollo, ya que, tal y como indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la organización pasará a ser, además de "un organismo de cooperación, una agencia de desarrollo".
Asimismo, en la reunión del Ejecutivo, se establecieron los requisitos necesarios para acceder al nuevo complemento anual de 350 euros. Asi, estará destinado a las personas que tengan "reconocida una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud", así como "carecer de vivienda en propiedad". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta De la Vega, significó que los pensionistas con derecho a esta prestación son fundamentalmente mujeres en situación desfavorecida.
Los que quieran acceder a dicha prestación, también deberán ser los "arrendatarios de la vivienda en la fecha de la solicitud" así como "no tener relación de paretensco hasta el tercer grado, con el arrendador de la vivienda alquilada". Por último, las mismas fuentes indicaron que el solicitante deberá "tener fijada su residencia habitual en la vivienda alquilada".
Las solicitudes para beneficiarse de la nueva medida que podría afectar a unos 470.000 pensionistas, y que se incluye en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, deberán presentarse en las Comunidades Autónomas o Diputaciones Forales, que tendrán que resolver obligatoriamente la solicitud en un plazo máximo de tres meses, si bien la cantidad de 350 euros estipulada por el Gobierno, será abonada íntegramente por el Ejecutivo central.
LA COOPERACIÓN COMO "DEBER"
Respecto a la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el Consejo de Ministros decidió hoy reforzar las áreas de África subsahariana, de ayuda humanitaria y de colaboración con organismos multilaterales, tal y como explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión de los ministros, en la que también compareció la vicepresidenta De la Vega.
Esta quiso dejar claro que la cooperación al desarrollo es "uno de los buques insignia" del Gobierno, aunque también un "deber" para los países que "ya disfrutan de bienestar" en un mundo con "demasiados desequilibrios". Del mismo modo, anunció que la nueva AECI pasará a llamarse Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), ya que, a partir de ahora será "un organismo de cooperación y una agencia de desarrollo".
Por su parte, Moratinos señaló que la reforma refleja la "voluntad" del Gobierno de no sólo ocuparse de la cooperación bilateral sino de "participar" en la mejora de las condiciones de los más pobres. Así, indicó que está previsto que la nueva agencia amplíe su personal en 200 personas, cree una Oficina de Ayuda Humanitaria y disponga de un departamento específico para el África Subsahariana.
SEGURIDAD AÉREA
Por otro lado, el Ejecutivo se ocupó de la seguridad aérea, estableciendo, a través de un nuevo Real Decreto, un sistema de acreditación destinado a compañías aéreas de países no comunitarios que estén interesados en operar en España, para así equiparar sus medidas de seguridad a las de las compañías de países de la Unión Europea.
En consecuencia, a partir de ahora, las autoridades españolas comprobarán la capacidad y competencia de las compañías para desarrollar los servicios aéreos en condiciones seguras, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los Anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional. También se verificará que las compañías aéreas investigadas mantengan programas de seguridad capaces de proteger a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita siempre de acuerdo con el reglamento comunitario.
Finalmente, deberá garantizarse la protección de los derechos de los usuarios y terceros, así como la obligatoriedad de las compañías de disponer de pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran los riesgos generados en las operaciones aéreas. En cuanto al medio ambiente, las empresas candidatas a entrar en el espacio aéreo español tendrán que respetarlo, principalmente en lo que atañe al ruido de las aeronaves.
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