- Las modificaciones en los vehículos aumentarán en 1.300 euros su precio por término medio
BRUSELAS, 19 Dic. (OTR/PRESS) -
La lucha contra el cambio climático llega a la industria del automóvil de la Europa de los veintisiete. La Comisión presentó hoy una norma para recortar las emisiones de CO2 de los coches nuevos a partir de 2012, que suponen actualmente el 12% de todas las emisiones de la UE. La propuesta establece que los fabricantes reduzcan las emisiones de los 160 gramos por kilómetro (g/km) que se producen en la actualidad a los 130 g/km en 2012, con lo que se daría un importante respiro al medio ambiente. Pero la propuesta, que se implantaría de forma progresiva y flexible so pena de sanciones, ya tiene una oposición considerable, en parte porque los precios de los vehículos aumentarán en torno a los 1.300 euros de media.
La propuesta de la Comisión Europea prevé que la reducción de emisiones se haga mediante modificaciones técnicas, pero la Comisión exigirá también un descenso de 10 gramos más mediante medidas complementarias, como el uso de biocarburantes o la mejora del sistema de neumáticos y aire acondicionado.
Esta obligación tendría aparejada, si se aprueba la norma por los veintisiete, sanciones progresivas que penalizarían a las empresas automovilísticas por cada gramo por kilómetro de dióxido de carbono que sobrepase cada vehículo con respecto a los 130 exigidos. En este sentido, las sanciones crecerían desde los 20 euros por g/km de más sobre el límite en 2012 hasta los 95 euros en 2015.
La multa se calculará multiplicando la cifra en la que un vehículo se excede del margen exigido por el número de vehículos que haya vendido la empresa infractora y serían los Estados miembros los encargados de verificar si cumplen el objetivo, o no. Sin embargo, la reducción de CO2 no será la misma en coches grandes que en pequeños, ya que los de mayores dimensiones deberán hacerlo en una mayor proporción que los menores.
Pero el límite de 130 g/km es en realidad una media, por lo que las empresas podrán seguir fabricando vehículos como hasta ahora, siempre y cuando construya otros por debajo del límite, de forma que la media entre ambos tipos no exceda dicha cifra. Esta no es la única forma de flexibilidad que Bruselas concede a las empresas dentro de su nueva norma, ya que les permite agruparse para actuar conjuntamente y repartirse la fabricación de forma que cada empresa se especialice en la fabricación de vehículos por encima del margen o por debajo de él, siempre que respeten las normas de competencia.
Por su parte, aquellas empresas que vendan menos de 10.000 vehículos al año y que no puedan o no quieran unirse a otras, podrán pedir un objetivo individual, quedando fuera de esto aquellos vehículos con funciones específicas, como los diseñados para acomodar un acceso a sillas de ruedas.
OPOSICIONES
A pesar de que la propuesta de ley aún ni siquiera se ha votado, ya resulta controvertida debido a algunas de las oposiciones que ya ha recibido. Así, varios comisarios hicieron constar por escrito su oposición a la norma, según confirmó el portavoz Johannes Laitenberger. Sin embargo, este no quiso identificar a los discrepantes, aunque la prensa europea citaba los nombres de los responsables de Industria, Günter Verheugen; Transportes, Jacques Barrot; y Libertad, Seguridad y Justicia, Franco Frattini.
Ahora, la propuesta deberá ser debatida, para lo que Alemania deberá poner fin a su resistencia. Ésta reclama un trato especial para sus fabricantes especializados en grandes masas, a lo que se enfrenta la posición de Francia e Italia, que rechazan por completo que sean los vehículos medianos y pequeños los que soporten toda la carga de la normativa.
Por su parte, el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, comunicó que cumplir la norma provocaría un aumento del precio de los vehículos de 1.300 euros, aunque añadió que el incremento se verá "ampliamente" compensado por la mayor eficiencia de los coches y por el ahorro de carburantes.
Además, aunque la implantación de la norma conseguiría reducir en un 19% las emisiones de CO2 de la UE, también Greenpeace mostró su rechazo al borrador de la ley por no incluir objetivos para 2020 y dar ventajas a los coches grandes, lo que, a su juicio, condena "al fracaso" a la propuesta. Los ecologistas exigieron que se fije un objetivo de 80 gramos para 2020 y que las multas asciendan a los 150 euros por cada gramo que la flota de un fabricante se pase de los límites.