Crónica OPA.- Bruselas lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la OPA de E.ON sobre Endesa

- Solbes afirma que la CE tiene competencia en los procesos de fusión aunque la legislación europea acepta la seguridad de abastecimiento

MADRID, 24 Ene. (OTR/PRESS) -

Como se esperaba, Bruselas y Madrid se verán las caras ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. El endurecimiento de la postura del Ejecutivo español de no modificar las condiciones impuestas la alemana E.ON para la compra de la eléctrica Endesa ha decidido a la Comisión Europea a denunciar a España ante el TUE ya que considera que el decreto español vulnera la normativa comunitaria. Desde el Ejecutivo español, su máximo representante económico, Pedro Solbes, aseguraba hoy que lo más positivo es que el Tribunal europeo sea quien delimite los parámetros de competencias.

El Gobierno español, que ya modificó parte de las condiciones impuestas a E.ON para la compra de Endesa, no ha retirado los requisitos restantes --entre ellas, la obligación de mantener la marca Endesa o la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla--, por lo que la Unión Europea ha decidido llevar a cabo su amenaza y denunciar a España ante el Tribunal europeo por decreto de 2006 que facultó a la Comisión Nacional de la Energía a imponer condiciones a la alemana E.ON para la adquisición de Endesa.

El Ejecutivo comunitario considera que este decreto representa una "restricción injustificada" de los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento y por ello vulnera la normativa comunitaria. Además, Bruselas ve "insatisfactorios" los argumentos presentados por el Gobierno español en defensa del decreto, sobre todo si se tiene en cuenta la propia jurisprudencia del Tribunal.

La Comisión Europea cree que el procedimiento de autorización previa que contempla esta norma para determinadas operaciones de adquisición "excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales, y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros, lo cual va en contra de la libertad de circulación de capitales y del derecho de establecimiento".

Además añade que la salvaguarda del interés público que alegó el Gobierno español podría haberse logrado "con medidas alternativas menos restrictivas" ya que la legislación secundaria europea "cubre claramente las preocupaciones de España a este respecto".

El Ejecutivo comunitario ya envió al Gobierno español en mayo de 2006 una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción, para pedirle explicaciones sobre el decreto. En septiembre del mismo año exigió formalmente que se retirara la norma o que se enmendara. Al no haber obtenido una respuesta satisfactoria de España, ahora envía el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

DELIMITAR COMPETENCIAS

Pero al Gobierno español la denuncia no le inquieta ya que considera positivo que sea el Tribunal europeo el que dirima las diferencias sobre las condiciones de la OPA. A este respecto el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró hoy durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press que, según lo establecido en la legislación europea sobre la materia, cuenta con un margen de maniobra

El ministro defendió la postura del Ejecutivo español argumentando que, según lo establecido en la legislación europea sobre la materia, cuenta con un margen de maniobra. Por ello, considera "positivo" que este asunto caiga en manos del Tribunal de Justicia de la UE para que "delimite estos parámetros de cara al futuro".

Solbes reconoce que la Comisión Europea tiene competencia exclusiva en los procesos de fusión europea, pero también puntualizó que la propia legislación comunitaria establece unos límites relacionados con la garantía de seguridad de abastecimiento y la protección de determinados intereses. Según el ministro, las decisiones del Gobierno sobre la OPA de E.ON se sustentan en esta última idea.

Por ello, valoró de forma positiva que el asunto caiga en manos del Tribunal Europeo "En mi opinión este es el sentido de que vayamos al Tribunal de Justicia y que sea el que delimite estos parámetros. No me parece negativo para el futuro", concluyó.