Crónica Roquetas.- Visto para sentencia el juicio por la muerte de Galdeano, con recorte en las penas solicitadas

- Fiscal y acusación particular atienden a la relación del consumo de drogas por la víctima con el resultado de muerte

ALMERÍA, 9 Abr. (OTR/PRESS) -

Los agentes acusados por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, fallecido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) en 2005, se enfrentan desde hoy a unas peticiones de prisión más bajas por parte tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, en atención a las pruebas que relacionan la muerte con el consumo de estupefacientes. En la última jornada del juicio oral, el Ministerio Público rebajó hasta los tres años y seis meses la pena máxima solicitada, en este caso para el teniente José Manuel Rivas. En él también recae la solicitud máxima de los letrados de la acusación, que elevan la pena a cinco años y seis meses.

El conocido como 'caso Roquetas' sigue tratando de esclarecerse en un proceso desarrollado contra varios agentes del cuartel de la Guardia Civil de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. La Fiscalía rebajó hoy su petición máxima para los principales imputados. El teniente José Manuel Rivas se enfrenta a la pena máxima de tres años y seis meses de cárcel derivados de un presunto delito de atentado grave contra la integridad moral y otro de homicidio imprudente ocurrido el 24 de julio de 2005.

Los mismos cargos se imputan también al sargento J.A. Moreno y la agente M.J.S.P, pero en estos casos con una pena tres meses inferior a la del teniente. El fiscal Fernando Brea califica la actitud de estos tres implicados de "innecesaria, incomprensible" y "lamentable". Según lo expuesto por Brea, este trío actuó de forma "ni proporcional ni congruente", destacando sobre todo el comportamiento del teniente Rivas, que se habría aprovechado de la condición de "indefenso" de Juan Martínez Galdeano con la única intención de "vejar" al en aquel entonces detenido.

MÁS IMPLICADOS

El fiscal Fernando Brea también redujo la petición para los otros imputados en el juicio. Otros cuatro guardias civiles se enfrentan a penas de tres años de prisión por atentados graves contra la integridad moral del agricultor fallecido. Para el funcionario J.A.M.M., la solicitud de castigo se rebaja a los dos años de cárcel. Otro agente imputado, A.G.R., quedó hoy libre de cargos al haberse producido un "error de identificación" y haberle confundido con otro agente también presente en el proceso.

A los cinco funcionarios imputados se les achaca no tanto la comisión de los hechos que podrían haber provocado la muerte de Galdeano, sino el no haberlos evitado. "Podrían haber impedido esta actuación", mencionó el fiscal Brea al referirse a lo realizado por los principales acusados, algo que no hicieron "ni siquiera de palabra", incurriendo en un "delito grave contra la integridad moral" ineludible pese a que se trataba de agentes de rango superior.

El fiscal reiteró también la declaración de los forenses que relacionaban la muerte del agricultor con la ingestión de drogas y no con supuestos malos tratos. Por ello, Brea solicita que se tenga en consideración que "no hubo paliza" y que los golpes propinados no fueron mortales de necesidad.

ACUSACIÓN Y DEFENSA

En la misma línea, la pena de la parte acusadora supera a la del fiscal, pero también sufrió una drástica reducción respecto a las primeras solicitudes. De 12 años que se barajaban en un principio para el teniente José Manuel Rivas, se han quedado desde hoy en cinco años y seis meses. Para el sargento J.A. Moreno, el letrado de la familia de Galdeano pide cuatro años y seis meses, mientras que el resto de agentes se enfrentan a sólo medio año como máximo.

La defensa es la única parte que no cambia sus solicitudes, reiterando la libre absolución para todos los acusados al entender proporcionada las actuaciones de los guardias civiles. Las conclusiones de está parte serán expuestas en la reanudación de la vista, previsiblemente el miércoles, en la que tomarán parte también la acusación popular y el Abogado del Estado.