Crónica Tortura.- Una española presenta en la Audiencia Nacional una querella por torturas contra la policía mexicana

- Se acusa a 140 agentes implicados en una detención colectiva en 2006 en una revuelta popular

MADRID, 25 Ene. (OTR/PRESS) -

Al parecer, la tortura continúa siendo aplicada entre cuerpos policiales de todo el mundo pese a que el derecho internacional la recoge como delito. Una voluntaria española, Cristina Valls, que fue detenida en México en mayo de 2006, en el marco de una revuelta popular que tuvo lugar en las localidades de Texcoco y Atenco, denunció hoy ante la Audiencia Nacional haber sufrido y observado durante su arresto "torturas", "abusos sexuales" y "violaciones" por parte de al menos 140 agentes de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y las autoridades policiales municipales de las citadas localidades.

Fue un conflicto entre campesinos y mandos locales por la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, el que desencadenó, hace ya casi dos años, una revuelta ciudadana que finalizó con una batalla campal entre grupos de trabajadores a los que pretendían confiscarles sus tierras y policías en las localidades de Texcoco y San Salvador de Atenco, en pleno Estado de México. Como consecuencia de la reyerta, fallecieron 2 personas, 11 policías fueron secuestrados y más de 200 ciudadanos fueron arrestados por las fuerzas del orden.

Entre ellos se encontraba Cristina Valls, que en aquel entonces realizaba labores de voluntaria en el centro de México y que, tras ser arrestada, sufrió y observó "torturas", "abusos sexuales" y "violaciones", por parte de agentes de distintos cuerpos policiales del país centroamericano. Así, presentó hoy una demanda ante la Audiencia Nacional española, contra 140 miembros tanto de la Policía Federal Preventiva, como de la Policía del Estado y las policías municipales de Texcoco, con el apoyo de la organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women's Link Worldwide, aunque asegura que el número de responsables "es más alto".

La directora ejecutiva de dicha organización, Viviana Waisman, consideró, en rueda de prensa, que el denominado 'caso Atenco' supuso "un gravísimo episodio de represión policial y violación de derechos fundamentales" en el país, ya que las 47 mujeres arrestadas durante el conflicto alegaron "que fueron víctimas de abusos sexuales y violación" durante su traslado en camiones al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito. Asimismo, la propia Valls reconoció que el citado trayecto "en condiciones normales se puede hacer en dos horas" y que en aquella ocasión se emplearon cerca de seis.

MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS

Para la víctima, "todos los momentos" de su arresto "fueron duros" aunque destacó especialmente, la impotencia que sintió al ver cómo los medios de comunicación mexicanos "tergiversaron y criminalizaron" el caso dejando ver que "eran los campesinos los que golpeaban a los policías" cuando en realidad "había una proporción de diez a uno" favorable a los agentes. Por ello, su abogada, Paloma Soria, esperó que la Audiencia española acepte la demanda y tome las acciones que considere convenientes, ya que "tiene la posibilidad de que este delito de tortura no quede en la impunidad".

En la actualidad, Valls no puede regresar a México tras ser expulsada del país, por lo que resulta imposible presentar la denuncia ante la justicia mexicana que esperan colabore en el caso "para esclarecer los hechos". Asimismo, la Women's Link Worldwide entiende que la legislación vigente otorga competencias a los tribunales españoles para investigar y juzgar los delitos recogidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Y es que el delito de tortura está contemplado en la Convención contra la Tortura de 1984, de la que España es signataria y que ratificó en 1987.

Además, la demanda reclama la aplicación de la Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional, que establece que el único requisito para abrir procedimiento y perseguir un crimen de esta gravedad es que la persona demandada no haya sido juzgada en el extranjero por los mismos hechos y en relación con las mismas personas. Valls aseguró que, por el momento, "no ha habido ningún pronunciamiento del Gobierno" español al respecto.