Crónica Vino.- España se mantiene como principal receptor de ayudas europeas al vino, con 420 millones
- Los productores sostienen sin embargo que el nuevo acuerdo "sólo servirá para prolongar la agonía".
BRUSELAS/MADRID, 19 Dic. (OTR/PRESS) -
Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE alcanzaron hoy un acuerdo sobre la reforma del sector vitivinícola, en base al cual España sigue siendo el principal receptor de fondos, con unos 420 millones anuales, un tercio del total. La ministra del ramo española, Elena Espinosa, se mostró "satisfecha" por un resultado que, además, convierte el arranque de viñedos "en una medida de carácter social" y no en el "eje de la reforma", ya que quedará en 175.000 hectáreas en tres años. Sin embargo, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se criticó el resultado porque "sólo servirá para prolongar la agonía de los viticultores", mientras los bodegueros tacharon de "engañosa", "contradictoria" y "antisocial" la reforma.
Los Veintisiete lograron este pacto durante el tercer día del Consejo de Agricultura y Pesca, en el que se incluyen las ayudas a la destilación por un periodo transitorio, tanto para la de crisis como para la producción de licores y brandys, y se retrasa en total hasta 2018 la abolición del sistema de derechos de plantaciones para su liberación, entre otros asuntos.
De este nuevo acuerdo, "España está muy satisfecha porque consigue que se puedan dar ayudas directas a los viticultores y en esta organización común del mercado se da solución a todos los problemas que teníamos en las diferentes producciones del sector", según Espinosa en rueda de prensa al término de la reunión. En este sentido, la ministra de Agricultura explicó que España quiere "dejar de ser el tercer país productor" y pasar a ser el primero, "no sólo en hectáreas, sino también en valor de la producción y la comercialización".
Además, España "se consolida como el primer receptor de ayudas", al conseguir 420 millones de los 1.300 millones repartidos. De esta cantidad, 32 millones irán destinados a la promoción del vino, informó Espinosa. También se amplía el catálogo de acciones que los Gobiernos europeos podrán financiar con sus sobres nacionales, en respuesta a peticiones de algunas delegaciones, incluida la española.
En cuanto a la transferencia de fondos agrícolas al desarrollo rural, ésta queda limitada a 50 millones en 2009, que se irán elevando en otros tantos a medida que pase cada ejercicio. Por lo que respecta a la abolición de los derechos de plantaciones y la liberalización del cultivo, el acuerdo incrementa de 2013 a 2015 el plazo, pero deja en manos de cada Ejecutivo si se liberaliza o no. En este sentido, Espinosa ya aplaudió algo que se considera un balón de oxígeno, porque a partir de 2015 "España podrá mantener los derechos de plantación en las denominaciones de origen".
La ministra también celebró que el arranque de viñedos haya dejado de ser el "eje de la reforma para convertirse en una medida de carácter social". El texto cifra en 175.000 hectáreas de viñedo que habrá que arrancar y por lo que los agricultores percibirán una prima que será de mayor cuantía cuanto más se apresuren. Se trata de un sistema voluntario que dará preferencia a los productores mayores de 55 años y limita al 8% de la superficie de un país y el 10% dentro del área de una región.
CRÍTICAS DEL SECTOR
Para el Partido Popular, el acuerdo no es más que un "fracaso" tal y como lo manifestó el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del partido, Miguel Arias. Añadió que el resultado de la negociación de hoy se suma "a las lamentables negociaciones anteriores del Gobierno en la Unión Europea, como las del tabaco, el algodón y el azúcar". Por ello, Arias consideró que nuestro país "ha vuelto a perder fondos comunitarios" y que "por primera vez en una OCM la clave del reparto de los 'sobres nacionales' no ha tenido en cuenta de forma íntegra el reparto histórico de los fondos".
Entre los directamente implicados del sector vitivinícola, las respuestas a este acuerdo no son tan optimistas como desde el Gobierno. Así, el presidente de la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (Avimes), Rafael Puyó, criticó la reforma de las ayudas por "insuficiente e incompleta". Concretamente, lamentó la falta de ayudas a la promoción de los vinos dentro de la UE, que "se sacrifican innecesariamente".
Puyó criticó también que los Veintisiete no hayan acordado el establecimiento de un etiquetado homogéneo para las botellas de todos los Estados miembros, así como que no se exija que se especifique si los caldos han sido enriquecidos con azúcar, conocido como 'chaptalización'.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), sostuvo en un comunicado que "la nueva OCM del vino sólo servirá para prolongar la agonía de los viticultores profesionales españoles". A su juicio, "la liberalización de plantaciones, la transferencia de fondos a desarrollo rural, el mantenimiento de la chaptalización y la reducción del presupuesto histórico asignado a España perjudican seriamente los intereses de los agricultores profesionales". Por este y otros motivos, el responsable del sector vitivinícola de COAG, Alejandro García-Gasco, tachó la reforma de "engañosa", "contradictoria" y "antisocial".