Crónica Yak42.- La Fiscalía cambia de opinión e investigará la contratación por Defensa del aparato siniestrado en 2003

- Cree que la decisión de Grande-Marlaska de sobreseer el caso por "contradictoria" y "procesalmente errónea"

MADRID, 8 Ene. (OTR/PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cambiado de opinión y apoyó hoy que se reabra la investigación sobre la contratación del Yakovlev 42, siniestrado en mayo de 2003 en Turquía con 62 militares españoles a bordo. El Ministerio Público cree que la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de sobreseer el caso fue "contradictoria", "procesalmente errónea" y "no respetaba el derecho a la tutela judicial efectiva al cercenar la investigación".

Durante la celebración de la vista en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para estudiar el recurso presentado por los familiares al sobreseimiento del caso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó que "el cambio de postura" de la Fiscalía -que inicialmente defendió el archivo de la causa- se fundamenta en tres razones, subrayando que el auto de sobreseimiento es "contradictorio con lo expresado por la Sala el 15 de julio de 2004, cuando decretó que se procediese a la investigación de la causa".

También consideró la decisión del magistrado "procesalmente errónea", ya que "dictó el sobreseimiento libre cuando este archivo debería haber sido provisional al tratarse de un hecho delictivo". Sin embargo, el "argumento más importante" de la Fiscalía es el hecho de que el auto del juez "quiebra clara y manifiestamente el derecho a la tutela judicial efectiva ya que las partes tienen derecho a que se practiquen todas las pruebas que soliciten".

En ese sentido, el representante del Ministerio Fiscal añadió que "no se ha practicado ninguna diligencia dirigida a constatar cuanto menos si existían o no responsabilidades", al tiempo que criticó que el juez determinase "de manera muy discutible" la responsabilidad al personal del vuelo "sin determinar otras responsabilidades". "Durante un año el juez instructor no resuelve absolutamente nada y, sin embargo, omite cualquier tipo de respuesta", remachó, considernado que "si esto hubiese sucedido con otra compañía en un vuelo comercial", se "habrían exigido responsabilidades hasta a el apuntador".

AGOTAR TODAS LAS VÍAS

Por último, el fiscal señaló "un argumento adicional", una sentencia de malos tratos emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que "en los casos en los que está en juego la integridad física se deben agotar todas las vías para esclarecer los hechos y acentuar las garantías". "Esto es lo que ha faltado aquí", concluyó el fiscal ante la mirada del presidente de la Sala, el juez Fernando Grande-Marlaska, quien llegó a asentir varias veces con la cabeza durante la exposición.

Contra el sobreseimiento se manifestaron de nuevo hoy los abogados de los familiares de las víctimas, que coincidieron en sus argumentos y, al igual que el fiscal, rechazaron la versión ofrecida por el juez sobre el buen funcionamiento del aparato siniestrado. Uno de los abogados recordó algunas de las "numerosas carencias técnicas del avión, que tenía la caja negra averiada desde hacía 45 días, que no contaban con los permisos necesarios para aterrizar en Afganistán y que uno de los pilotos carecía de licencia de vuelo".

En el mismo sentido, los abogados de la acusación negaron que el contrato del avión por parte del ministerio de Defensa fuese privado tal y como sostiene el juez ya que el Departamento que en ese momento dirigía el ministro Federico Trillo "estaba advertido de todas las circunstancias que rodeaban al vuelo, incluso que esa misma compañía ya había recibido hasta 14 quejas por motivos de seguridad antes del accidente". Además, el mismo letrado aseguró que el Ministerio declaró el pago de 149.000 dólares por el vuelo en el que luego sólo se emplearon 41.000 dólares.

Por otro lado, uno de los abogados, Leopoldo Gay, manifestó su deseo de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoye sus peticiones de comparecencia de los ex ministros de Defensa, José Bono y Federico Trillo para dar sus explicaciones sobre el accidente. Además de los dos políticos, la asociación pretende las declaraciones del antiguo secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, 'número tres' del Ministerio y quien ejercía como interlocutor con las familias. En la lista también está el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre.