Crónica Dependencia.- Las CCAA del PP estudian recurrir el consejo que desarrollará la Ley de Dependencia

- No reconocen su constitución porque acusan al Gobierno de no consensuar su composición para "imponer" sus criterios

MADRID, 24 Ene. (OTR/PRESS) -

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan el flamante consejo territorial creado el pasado lunes para poner en marcha de forma efectiva el sistema estatal de atención a las personas dependientes. No reconocen su constitución alegando que el Gobierno no consensuó su composición y se reservó una mayoría que le garantizase "imponer" sus criterios a la hora de implantar la baremación de la discapacidad, las prestaciones económicas o los servicios. En defensa de su postura, agotarán el mes de plazo establecido legalmente para estudiar si presentan un recurso contencioso-administrativo. Desde el PSOE, se denuncia el "obstruccionismo" del PP y se garantiza que la Ley se aplicará en todo caso.

El Consejo está compuesto por 11 representantes del Gobierno, 17 de las comunidades autónomas, 2 por Ceuta y Melilla y otros dos por la Federación Española de Municipios y Provincias. Los 'populares' pretenden reducir la presencia del Gobierno a 3 miembros (uno por el Ministerio de Trabajo, otro por el de Sanidad y otro por el de Administraciones Públicas) y que los acuerdos se adopten por unanimidad, "para que nadie pueda imponer su mayoría partidista", en este caso el PSOE.

Según explicó hoy la secretaría de Política Social del PP, la dirección del partido entiende que el Gobierno "rompe el régimen de colaboración y cooperación" que contempla el Pacto de Toledo y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Esta norma establece que los órganos de cooperación como el Consejo de la Dependencia deben crearse "mediante acuerdo".

NO SE PARALIZARA LA APLICACION DE LA LEY

Este será el argumento jurídico que estudian esgrimir las comunidades del PP en el caso de que anuncien finalmente la interposición del recurso, para lo cual tienen un plazo de 1 mes. Mientras tanto, la secretaria de Política Social 'popular' Ana Pastor, asegura que los ciudadanos que residen en las comunidades donde gobierna su partido serán evaluados y recibirán las prestaciones que contempla la Ley. "No solo eso, sino que trabajaremos más que nunca para que se avance (...) Las personas no tienen por que sufrir ningún problema en sus prestaciones de índole jurídico", apuntó.

Además, el PP considera que el borrador de baremo redactado por el Gobierno es "muy genérico" en lo que se refiere a los criterios para determinar el grado de dependencia, y recuerda que el Gobierno no ha informado a las autonomías sobre cuestiones como el copago que deberán afrontar los ciudadanos, los criterios para evaluar su patrimonio, la distribución de los 400 millones previstos en los presupuestos de este año, la intensidad de las prestaciones y el nivel mínimo que financiará el Estado. En respuesta a la decisión del PP, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, enfatizó que la nueva ley va a seguir desarrollando, a pesar de la actitud "obstruccionista" del principal partido de la oposición. En este sentido, aseguró que es "absolutamente imposible" paralizar su aplicación aunque finalmente las comunidades autónomas del PP decidieran presentar un recurso. Asi, recalcó que sólo se paralizaría una Ley recurrida si su aplicación tuviera consecuencias irreparables para las personas afectadas por la misma, lo que, a su juicio, es "todo lo contrario" de lo que sucede con la Ley de Dependencia.