Actualizado 11/07/2013 14:00

Isaías Lafuente.- La mentira es el delito.

MADRID 11 Jul. (OTR/PRESS) -

Cuando estalla una gran crisis, las organizaciones afectadas se defienden negando la mayor. Pero cuando las evidencias crecen, la solución suele ser encontrar un chivo expiatorio que, como el bíblico, asuma todos los males para garantizar la supervivencia de la comunidad. Suelen ser de segundo nivel, para salvaguardar a los líderes. Las víctimas del sacrificio a veces se imponen y otras asumen por si mismas el sacrificio en nombre de un bien mayor, la organización a la que han servido que, normalmente, le dará garantías para reorganizar su vida cuando el tiempo haya hecho difuminar las huellas del delito.

La reacción del PP con su antiguo tesorero ha seguido impecablemente estas pautas. En una primera fase lo negó todo y puso la mano en el fuego por la honradez de Bárcenas, cuando todavía pronunciaban su nombre. "Nadie podrá probar que no es inocente", proclamó solemne Mariano Rajoy. A pesar de la primera imputación, hace ya cuatro años, el PP lo mantuvo en su puesto. Y cuando estallaron las primeras evidencias de sus multimillonarias cuentas en Suiza decidieron apartarlo, "en forma de simulación", eso sí, y pagándole "un salario en diferido", según el estrafalario discurso de la número dos del partido.

Bárcenas aceptó formar parte del coro indignado del PP negando que las notas que publicó EL PAÍS fueran suyas. Pero su entrada en prisión parece que le ha llevado a cambiar de estrategia. La filtración de un par de páginas de sus notas originales por parte de EL MUNDO son un aviso a navegantes de un hombre que trabajó y tomó notas semejantes durante casi 30 años y hasta antes de ayer. Un hombre cuyos despachos, profesional y personal, increíblemente no han sido registrados por orden judicial en estos años.

De las notas conocidas hasta hoy, cuidadosamente seleccionadas por fechas en la filtración, no se desprenderían consecuencias penales por el perfil de la falta o por la prescripción. Pero, a pesar de ello, si se demostrase cierto que Rajoy percibió sobresueldos ilegales en su etapa de ministro, algo que negó el pasado 2 de febrero, su mentira sería el delito, algo que en una democracia ni debe perdonarse ni prescribe. Ni se entierra con el silencio.

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