Un grupo de secuestradores de tarjetas SIM, acusados del robo de 2,4 millones de dólares en Estados Unidos

Actualizado 13/05/2019 11:52:32 CET
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   MADRID, 13 May. (Portaltic/EP) -

   Estados Unidos ha identificado una red de secuestradores de tarjetas SIM, denominada The Community, acusada de haber robado alrededor de 2,4 millones de dólares en criptomonedas a través de la suplantación de identidad y del soborno a empleados de las compañías telefónicas.

   Según el departamento de Justicia de Estados Unidos a través del distrito este de Michigan, en total han sido nueve personas las que supuestamente han perpetrado los siete ataques con los que se ha robado el dinero digital. De ellos, seis pertenecen a The Community, y tres son empleados de los proveedores de telefonía de las tarjetas SIM hackeadas.

   El secuestro de tarjetas SIM consiste en el robo del número de teléfono de una persona, que los 'hackers' activan en una tarjeta SIM de su posesión, con el fin de acceder a las cuentas bancarias y a toda la información que se encuentre en la tarjeta robada.

   Esto se consigue a través de la suplantación de identidad de la víctima, por la que el hacker contacta al servicio del consumidor de la compañía teléfonica y, haciéndose pasar por la víctima, pide que el número de teléfono de ésta sea transferido a una tarjeta SIM controlada por The Community. También es posible a través del soborno a algún empleado de la compañía, que de esta forma facilita el número de teléfono.

   Los acusados utilizaron las tarjetas SIM secuestradas para hacerse con el control de cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube y las carteras de criptomonedas de varios usuarios que tenían el número de teléfono asociado. 

   Aprovechándose de los mecanismos de autenticación en dos factores y haciéndose pasar por los usuarios, los acusados lograron extraer un total de 2.416.352 dólares de las cateras digitales, unos 2,15 millones de euros al cambio.

   Los acusados podrían enfrentarse, si fueran condenados, a 20 años de cárcel por cada delito de fraude digital y, a dos años más, en caso de suplantación de identidad.

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