LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de los trabajadores de la Enseñanza Asamblearios de Canarias (EA-Canarias) insistió hoy en "importantes irregularidades" en las oposiciones de la especialidad de educación infantil del año 2007, al tiempo que reiteró su requerimiento al Gobierno regional de la "inmediata convocatoria" de la Mesa Sectorial de Educación.
Una vez concluido el procedimiento de revisión de las citadas oposiciones, el sindicato resaltó en un comunicado que los resultados de dicha revisión demuestran que "en su día se registraron importantes irregularidades en la aplicación de los criterios con los que se debía evaluar a los aspirantes en las distintas pruebas que conformaron la fase de Oposición".
Aquellas irregularidades, demostradas por la existencia de una 'Guía de Procedimiento' contraria a las propias bases de la convocatoria y a la Ley y Decretos que las fundamentaron, tuvo como consecuencia la aplicación de un "númerus clausus" que impidió a buena parte de los opositores acceder a la fase de Concurso donde sus méritos debían ser baremados.
Destacan que los datos así lo indican en la medida en que 228 aspirantes que en 2007 no superaban la fase de Oposición ahora, tras la revisión, han resultado aprobados y 89 de ellos se han convertido en nuevos seleccionados (32,34% de los 275 definitivos).
Por ello el sindicato sostiene que tenía "razón", por tanto, al recurrir el procedimiento y solicitar su revisión.
Añade que, en contraste, 18 de los seleccionados en 2007 ahora, tras esa revisión, han obtenido una calificación "insuficiente" en la fase de Oposición (con variaciones respecto a la evaluación original que oscilan entre las décimas y los dos puntos, superando los cuatro puntos en algún caso).
"IMPENSABLE EN 2007"
Para EA Canarias, esta circunstancia, partiendo de la tesis del "númerus clausus", era "impensable en 2007 y resulta difícilmente explicable ahora, especialmente cuando las pruebas han sido revisadas por los mismos tribunales bajo la supervisión de la misma Comisión Seleccionadora, lo que por cierto ha resultado incomprensible para buena parte de los participantes".
Igualmente, recuerda que solicitó a la Administración Educativa que, en aras a garantizar la transparencia y la credibilidad del procedimiento de revisión, hiciera públicos los criterios de calificación a aplicar y que las notas de la fase de Oposición fuesen informadas de manera desglosada; solicitud que fue desatendida generando nuevamente desconfianzas entre algunos de los aspirantes y una más que probable escalada en la judicialización del procedimiento.
En todo caso, EA-Canarias quiere expresar su enhorabuena a los aspirantes seleccionados; pero igualmente cree que hay que reconocer a los recurrentes que "su actitud decidida hizo posible que una actuación ilegítima y deplorable fuese reparada, al menos en parte".
"MÁS CELO" DE LAS ADMINISTRACIONES
Para la organización sindical, "su proceder debe servir para que las Administraciones pongan más celo, de ahora en adelante, en el cumplimiento de las normas, a fin de garantizar el respeto a los principios que deben regir todo procedimiento selectivo". Así mismo, expresan todo su "apoyo a la totalidad de los perjudicados por la negligente actuación de la Consejería de Educación en todo este proceso".
Asimismo, el sindicato sostiene que la Consejería de Educación pretende "pasar página sin abordar los aspectos fundamentales: no se han dirimido responsabilidades ni se han establecido las medidas para que este indeseable episodio no se vuelva a repetir".
EA-Canarias considera a la Administración Educativa como "directa responsable dado que ni actuó con la debida diligencia en su momento, cuando las evidencias hacían aconsejable una suspensión cautelar del procedimiento de Oposición; ni ha actuado, a posteriori, con la necesaria transparencia informativa para despejar, como hubiese sido deseable, cualquier sombra de duda sobre el procedimiento de revisión".
Por todo ello, reitera su requerimiento de inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, tanto para que se haga partícipes a los sindicatos representativos, de todos los detalles de este procedimiento, como para arbitrar las disposiciones necesarias a fin de "evitar estos errores en futuras convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo".