Empresas educativas piden a Bruselas que exija eximirlas del IVA

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (FOESC) ha presentado una denuncia en Bruselas junto a CCOO y UGT para pedir a la Comisión Europea que exima del pago de IVA a este tipo de organizaciones. Serán recibidos el próximo martes por los responsables de tributos de la UE.

En una rueda de prensa en la que también ha participado la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), el presidente de FOESC, Josep Oriol ha explicado que hasta ahora reinaba en España la "inseguridad jurídica" en relación a la tributación de las empresas que dan servicios como la vigilancia del comedor, los campamentos urbanos o las aulas matinales, el 80% de los cuales son contratados por las administraciones públicas.

Según ha dicho, mientras en algunos concursos públicos se entendía que sus servicios eran educativos para niños y jóvenes y, que, por tanto, estaban exentos de IVA en línea con la normativa europea, en otros se les aplicaba el tipo súper reducido o directamente el tipo normal, que hoy día está en el 21%". "Ahora hay concursos que están en espera de ver cómo se va a hacer", ha señalado.

Ante esta situación, la FOESC se dirigió al Ministerio de Hacienda el año pasado en busca de una clarificación y resultó no serle favorable. El 28 de noviembre el departamento dirigido por Cristóbal Montoro les hizo saber en "una respuesta vinculante" que sus servicios se consideraban de ocio, que no formaban parte del plan de estudios y que, por tanto, estaban sujetos al 21%.

Oriol ha indicado que, en paralelo, la inspección ha ido reclamando a "algunos" empresarios el pago con carácter retroactivo IVA que no tributaron por entender que no tenían obligación de hacerlo ya que ofrecían un servicio educativo o de guardia y custodia de menores, ámbito también exento conforme la citada normativa europea. No ha concretado cuántas empresas han sido requeridas.

Así las cosas, la organización, que dice representar a los prestatarios de servicios extra escolares de "la mayor parte" de la red pública, se ha dirigido a Bruselas porque entiende que asumir ese IVA supondrá la destrucción de "entre un 10 y un 15%" de los 150.000 puestos de trabajo que hasta ahora mantienen.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Julio Serrano recuerda que se trata de educadores y monitores que "forman parte del proyecto educativo del centro" y "lo completan y mejoran", al margen de que se trata de un sector que emplea fundamentalmente a jóvenes y mujeres, los colectivos más afectados por el desempleo en España.

Además, los denunciantes vaticinan una bajada en la calidad del servicio o un encarecimiento de los precios que repercutirá, según Oriol, directamente sobre las familias, asunto que preocupa especialmente al presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez, para quien una subida en servicios como el comedor sería "la gota que colma el vaso".

Por su parte, la representante de la Federación de Servicios Públicos de UGT, María del Carmen Barrera, afirma que el Gobierno, "en su afán recaudatorio, no está teniendo en cuenta que pone en riesgo las actividades extra escolares de los menores (...) y a las empresas del sector".

En su opinión, es eso o, directamente, que quiere suprimir las actividades extra escolares ya que con un gravamen del 21% "ni las empresas lo van a poder aguantar ni las administraciones van a poderpagarlo". "Esto no es un error administrativo, sino un modelo que desprecia este tipo de actividades".