MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Escuelas Católicas ha reclamado "diálogo y consenso" al Gobierno después de que la tramitación de la LOMLOE, la ley educativa conocida como 'Ley Celaá', pusiera de manifiesto "una grave pérdida de diálogo educativo" en España.
"Conozco muchos patios de recreo que tienen más educación que nuestro Hemiciclo. Esta polarización parece haber olvidado la necesidad de resolver determinados temas educativos que a todos nos siguen preocupando", ha lamentado este jueves el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, en la Asamblea General de Escuelas Católicas 2024 donde ha presentado el informe de gestión de la institución educativa que aglutina casi 2.000 centros en toda España.
Entre esos temas educativas, ha destacado los datos de natalidad o el estudio del coste del puesto escolar que permite una actualización del módulo de conciertos, sobre todo en la partida de otros gastos, a su juicio, "cada vez más evidentemente insuficiente y vergonzante".
También ha recalcado la "agilidad" que se espera de la Administración Pública para resolver situaciones que permitan cumplir con el convenio colectivo, firmar tablas salariales con las debidas garantías e incluir nuevos costes de Seguridad Social. "Solo con que se publicaran los módulos de conciertos podríamos avanzar mucho en estos puntos, y seguimos esperando sin que se publiquen", ha dicho.
Asimismo, Huerta ha avisado de que la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas "se ha convertido en una sobrecarga de trabajo" para muchos centros educativos y universidades y también "en desconcierto al no saber aún cómo actuará la administración autonómica correspondiente".
Finalmente, ha hecho referencia a la aparición de nuevas normativas y protocolos "que no son estrictamente educativos pero que se imponen a los centros, con el consecuente aumento de la burocracia", como la figura del Coordinador de Bienestar, protocolos LGTBIQ+, cumplimiento normativo, planes de igualdad o registro de jornada.
"Los centros educativos deben incorporar protocolos y herramientas para prevenir la desigualdad, los abusos o la dignidad de los trabajadores, pero no a costa de nuevas normativas en las que muchas veces ni siquiera participa el Ministerio de Educación y, por tanto se burla, el diálogo y el consenso, convirtiendo a los equipos directivos de los centros y a los docentes en burócratas más que en educadores, por no hablar de que se nos obliga a sumar responsabilidades pero no se suma nada a las partidas presupuestarias que garanticen su implantación en centros concertados", ha criticado Huerta.
Ante esta situación, el secretario general de Escuelas Católicas ha exigido "respeto" por el ideario de la institución y por un proyecto educativo elegido por las familias que optan mayoritariamente por su modelo educativo de identidad católica "que cuida, protege y acompaña".
La Memoria 2023 de Escuelas Católicas recoge que la institución educativa engloba a un total de 1.945 centros, 49.351 aulas, 1.185.861 alumnos, 105.150 trabajadores y 84.779 docentes.
Los centros que forman parte de Escuelas Católicas representan el 57 por ciento de la enseñanza privada concertada en España y el 15 por ciento del total del sistema educativo.
