España, entre los seis países de la ONU con una ley que protege a los jóvenes LGTBI contra el bullying, según ILGA Mundo

   MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   España se encuentra entre los seis Estados miembros de la ONU que han adoptado leyes que protegen contra el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

   Así lo reflejan los nuevos datos publicados en la Base de Datos de ILGA Mundo, que revelan que los otros cinco países que han adoptado leyes contra el acoso escolar que protejan a les jóvenes independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales (OSIEGCS) son Andorra, Finlandia, Grecia, Países Bajos y Portugal.

   Sin embargo, desde la federación avisan precisan que al menos uno de estos motivos de acoso se menciona explícitamente en la legislación nacional de al menos 40 Estados miembros de la ONU. "Aún así, solo representan una quinta parte del mundo", añade.

   "Independientemente de dónde comencemos nuestro viaje, las creencias que nos guían o las vidas que podemos construir para nuestras familias, la mayoría de las personas quieren que les jóvenes avancen con seguridad a través de una educación que les garantice un futuro", ha declarado el director de Programas de ILGA Mundo, Gurchaten Sandhu, Director de programas de ILGA Mundo.

   Sandhu ha lamentado que "para muchas personas el acoso escolar se convierte en un gran obstáculo en el camino". "Y cuando los gobiernos se niegan a tomar medidas, no eliminan esos obstáculos o, lo que es peor, permiten que los escombros caigan y conviertan un camino ya de por sí difícil en un desprendimiento de tierra", ha señalado.

   "El acoso escolar perjudica la salud mental del alumnado LGBTI y reduce sus perspectivas académicas y laborales. Sus secuelas aumentan los costes sanitarios y de asistencia social. Si los Estados se toman en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todes, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas LGBTI, sino para la sociedad en su conjunto", ha agregado.

   Los datos de ILGA Mundo muestran que, en la mayoría de esas jurisdicciones, se utilizan las leyes educativas o de igualdad de trato para proteger contra el acoso escolar. Lo hacen prohibiendo el acoso por motivos de OSIEGCS en la educación o requiriendo legalmente a las instituciones educativas que incorporen el acoso por motivos de OSIEGCS en sus códigos de conducta y sus políticas.

   Algunas jurisdicciones han incluido el acoso por motivos de OSIEGCS en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo y, en un caso (Francia), lo castigan hasta con penas de prisión.

   "Estas leyes sugieren que los Estados podrían entender el acoso escolar como una forma muy particular de violencia que no solo tiene a las personas jóvenes como principales víctimas, sino también como principales autores", afirma el consultor de investigación de ILGA Mundo, Curro Peña.

   El experto apunta que por eso, con frecuencia, las jurisdicciones "recurren a enfoques pedagógicos para educar a las personas acosadoras y darles alguna reparación a las víctimas dentro del sistema escolar, en lugar de recurrir a sanciones penales".

   La Federación recalca que, incluso en el entorno global actual, en el que "las fuerzas reaccionarias han convertido las vías educativas en campos de batalla", los Estados miembros de las Naciones Unidas "están tomando medidas concretas para proteger a les jóvenes LGBTI del acoso escolar".

   En los últimos dos años, Chile, Estonia y Ucrania han debatido propuestas legislativas en este sentido, mientras que el Gobierno de las Islas Salomón inició una consulta pública para desarrollar una política contra el acoso escolar que tuviera en cuenta la orientación sexual de las personas estudiantes.

   Además, el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género como parte de su obligación legal de garantizar a todas las personas el derecho a la educación sin discriminación.