Publicado 12/01/2022 13:37CET

Los ayuntamientos ven "difícil" cumplir los objetivos de gestión que marca la futura ley de residuos, según CONAMA

Archivo - UxGC denuncia la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria: "se ha convertido en un enorme vertedero"
Archivo - UxGC denuncia la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria: "se ha convertido en un enorme vertedero" - CEDIDO POR UXGC - Archivo

   MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Los técnicos municipales de los Ayuntamientos ven "difícil poder cumplir los objetivos de la futura ley de residuos" y suelos contaminados para una economía circular, según afirma Vicente Galván, el autor del informe realizado por Fundación CONAMA 'Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos'.

   El estudio ha valorado la opinión de 220 técnicos municipales en esta materia respecto a los retos y objetivos de la futura normativa, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria en el Senado y que verá la luz del Boletín Oficial del Estado a lo largo de la próxima primavera.

   Durante la presentación este miércoles en la jornada 'La brecha de los residuos en España: las dificultades de los municipios ante la nueva ley', Galván ha expuesto que el 93 por ciento de los municipios encuestados (220) ve adecuado establecer una tasa municipal específica para los residuos, aunque casi la mitad de ellos (48%) subraya que ya tiene una tasa municipal pero que no cubre todos los costes.

   Además, las conclusiones del informe reflejan que las entidades locales piden incrementar la colaboración entre las administraciones, mejorar la financiación y ven necesario mejorar los puntos limpios para cumplir con la normativa.

   En la línea de las dificultades para llegar a los objetivos que marca la nueva ley de residuos, el director general de medio ambiente y espacio público del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ricardo Luis Izquierdo, ha admitido que los primeros años de la aplicación de la futura ley será "muy difícil" llegar a los objetivos, aunque confía en que a medio plazo sí será posible.

   En todo caso, vaticina que la norma cambiará "el paradigma de la gestión" a pesar de que en la actualidad, de los más de 8.000 municipios españoles, "no hay uno solo por pequeño que sea que no tenga contenedores de recogida selectiva", al tiempo que el uso de materiales reciclados es "cada vez más utilizado".

   Respecto a la incorporación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases, el experto municipal asegura que no se trata de una novedad en esta ley, sino que el SDDR lleva "toda la vida en España", donde el "60 por ciento de la cerveza se sirve en la hostelería con ese sistema", ya que los botellines de vidrio son retornables y se devuelven a la cervecera, igual que los barriles de aluminio.

   Sin embargo, advierte de que el SDDR "encarece el sistema" que, además, habrá de "convivir con las propias ineficiencias del sistema", ya que asegura que le depósito que no se recupera, se queda "en manos del productor". A su juicio, el esfuerzo en la gestión de los residuos compete a todos, ciudadanos, administraciones y empresas, pero estas últimas "no tienen que pagar ni más ni menos, sino lo justo". "La cuestión es cómo modular ese esfuerzo para que sea asumible", comenta.

   "Todo el coste se tiene que incorporar a la responsabilidad ampliada del productor, tienen que pagar lo justo. No se trata de negociar sino de calcular los costes y ese coste tendrá que repercutirse al ciudadano.

   Si se hace bien el sistema de responsabilidad ampliada del productor, el pago de esa gestión la hará quien consuma ese producto y no todos como ahora", considera.

   El informe analiza los resultados de un sondeo realizado por un comité técnico de Conama y refleja que apenas el 19 por ciento de los municipios encuestados tiene un plan de prevención, el 25 por ciento un plan de gestión integral y solamente un 5 por ciento dispone de un plan municipal de economía circular.

   Por otro lado, sobre la recogida y tratamiento, el 60 por ciento de los municipios encuestados consideran los residuos orgánicos o biorresiduos como "los más difíciles de tratar". La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto. Sin embargo, un 45 por ciento de las localidades participantes opina que no lo conseguirá antes de junio de 2022 y el 34 por ciento, antes de finales de 2023.

   La norma implanta nuevas recogidas separadas y el tratamiento de residuos textiles, aceite de cocina usado, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones) antes de 2025. Según apunta el estudio, tan solo un 30 y 40 por ciento de los municipios, en función del tipo de residuo, ven alcanzable esta meta.

   El escepticismo también abunda en las cuestiones de prevención, como en materia de reducción del peso de residuos en el que el 60 por ciento de los municipios creen que no se alcanzará en 2020 y solo se reduce a un 31 por ciento confía en que se logrará en 2030. Por el contrario, la creencia de que se cumplirán solo sube del 16 al 33% en 2030.

   Entre las medidas que los consistorios ven necesarias para llegar a cumplir los objetivos, el 80 por ciento de los municipios cree que se requiere de más medios humanos para planificar, implantar y gestionar; medios materiales como contenedores, vehículos etc. (79%); formación y capacitación (66%) y la mejora de sus puntos limpios (52%).

   El informe recoge también otras propuestas como la creación de nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, financiado por los propios productores que deberán encargarse de la recogida y tratamiento de estos flujos de residuos, así como incrementar la financiación con ayudas y una apuesta por la colaboración estrecha entre administraciones.

   Para la directora de Fundación Conama es "fundamental dar luz a la complejidad" de la gestión y ha reclamado recursos económicos, humanos y técnicos, así como ciudadanos "conscientes" y "corresponsables".

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