MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha presentado este martes una propuesta para derogar la vigente Ley de Minas de 1973 y modificar el texto para que esta aumente las exigencias ambientales, como por ejemplo excluir de esta actividad a "todas las áreas" de interés ambiental y excluir de esta ley al sector del agua mineral embotellada, que pasaría a ser del dominio público hidráulico.
La ONG ha presentado un texto que remitirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios porque considera que el actual texto no tiene en cuenta aspectos medioambientales ni sociales del sector y cree que es "muy probablemente inconstitucional" por favorecer la especulación de las concesiones y las autorizaciones sin tener en cuenta al medio ambiente ni los derechos más básicos de las personas.
Ecologistas asegura que en los últimos años hay un "gran resurgir" de la actividad minera en España por los procesos de "especulación financiera" pero también por la "gran subida del precio de los metales" y, en ese contexto, las comunidades autónomas han sacado a concurso "centenares de nuevos permisos de explotación minera" que amenazan con destruir "decenas de miles" de hectáreas de gran valor natural, más aún cuando la mayor parte de estas nuevas minas se pretenden explotar a cielo abierto, dado el abaratamiento experimentado por los movimientos de tierras.
En este contexto, la ONG quiere que la nueva ley de minas respete "en todo momento" la conservación de los valores naturales por lo que propone la total exclusión de la actividad en todas las áreas de interés ambiental de España (Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras).
Además, propone excluir del ámbito de la ley al agua minera embotellada, que ya no podrá tratarse como un recurso minero, y establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables y promuevan la máxima participación ciudadana.
Asimismo, plantea que solo se otorguen permisos cuando se haya aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, etcétera.
La propuesta ecologista incluye también el establecimiento de un impuesto "más justo" de modo que refleje la explotación de un recurso público no renovable. En la actualidad, el tipo impositivo actual del 1 por ciento, el más bajo del mundo.
El texto establece también garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros para "evitar la obtención de permisos por 'caza-derechos'".
La propuesta ha sido remitida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Ministerio para la Transición Ecológica y a todos los grupos parlamentarios a quienes piden que estudien el texto y "hagan todo lo que esté en su mano" para su aprobación.
