MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), Antonio Fernández, ha advertido de que el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que declara ilegal que la compensación por copia privada destinada a los autores de la obra sea financiada por los Presupuestos Generales Estado (PGE), como establece el canon digital español introducido en 2012, y no por los usuarios de la copia, "obliga inmediatamente" a modificar la Ley de Propiedad Intelectual.
Así se ha expresado Fernández, en declaraciones a Europa Press, tras conocer este jueves 9 de junio la decisión del TUE, en las que ha indicado que "la sentencia es un hito en términos de un sin sentido que era el modelo que propugnó el Gobierno del PP".
"Ahora lo que ha hecho el TUE es poner la cosa en su justa medida y era lo que decíamos desde el primer momento, que el modelo español vulneraba el derecho comunitario", ha argumentado el director general de la asociación, que agrupa a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP.
En este sentido, Fernández ha celebrado que tras una "larga trayectoria", el dictamen del tribunal europeo pone en cuestión un "modelo que es injusto porque pagan todos los ciudadanos lo que tienen que pagar sólo los que causan el año producido por las copas privadas".
Por esta razón, el director general de Adepi considera obligatorio reformar la Ley, ya que el artículo 25 vulnera el Derecho Comunitario, así como están por resolver un recurso de inconstitucionalidad y una cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo precepto. "Por tanto, la tormenta perfecta en términos jurídicos está en marcha", ha subrayado.
Según ha manifestado Fernández, el legislador tendrá que promover una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para "volver al cauce de la compatibilidad con la directiva europea".
En relación con las reclamaciones presentadas "año a año" por perjuicio patrimonial, ha apuntado que ahora, "lógicamente, los tribunales tendrán en cuenta que el modelo español se basaba en un supuesto no compatible con la directiva europea". "El Estado, con toda seguridad, será condenado a compensar por el perjuicio ocasionado en estos cuatro años de sin razón", ha enfatizado.
A este respecto, el portavoz de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Rafael Sánchez, se ha mostrado convencido de que "prosperarán, de ahora en adelante, demandas que suponen una cantidad superior a los 400 millones de euros".
"La propia Administración decía hace 4 años que el daño por copia privada eran 115 millones y ahora indica que son 5 millones cuando tiene que pagar", ha indicado Sánchez en declaraciones a Europa Press, para después advertir de que es "absolutamente contrario a la realidad del mercado, a la realidad europea y a la jurisprudencia comunitaria".
EGEDA, que siempre ha defendido que llevar una remuneración de carácter privado a los PGE era contrario a la directiva europea, ha mostrado su "gran satisfacción" por la sentencia que avala "completamente" las tesis mantenidas por la entidad.
