MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Anna González, la impulsora de la campaña #PorUnaLeyJusta, iniciativa que nació en 2016 para reformar el Código Penal con el fin de aumentar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico, ha visto por fin, cómo tras 3 años de lucha, logra su objetivo.
"Hoy es un gran día, hemos conseguido cambiar una ley", ha comenzado diciendo González, viuda de Óscar, un ciclista que fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga tras el accidente. Ocurrió en 2013.
El autor de los hechos fue condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente. No se tuvo en cuenta en la sentencia que no prestase socorro a la víctima, dado que murió en el acto, ni que huyera del lugar de los hechos, un delito que actualmente no está contemplado en el Código Penal. Fue detenido cinco horas después, tiempo suficiente para que no se le pueda hacer ningún test de alcoholemia.
La reforma, que se debatirá este miércoles en el Pleno del Senado y previsiblemente se aprobará, dado que hay consenso entre los grupos parlamentarios, permitirá endurecer las penas de cárcel por cometer imprudencias al volante al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol, volvería a penalizar las lesiones (aunque sean leves) causadas por estas conductas y sancionaría el abandono del lugar del accidente.
En rueda de prensa en la sede de Change.org, González y sus abogados han mostrado su satisfacción por la reforma, que no solo afecta a ciclistas, sino a todos los usuarios de la vía, según ha comentado González, que ha dado las gracias a todos aquellos que la han acompañado durante estos años para lograr que se apruebe este cambio: "Estamos muy contentos".
"LA BUROCRACIA ES MUY LENTA"
Pese a conseguir este cambio, Anna González ha criticado el largo proceso: desde el inicio de la iniciativa, el 7 de enero de 2016, han pasado más de tres años. "Ha sido muy lento, la burocracia es muy lenta", ha lamentado González, que señala que estos tres últimos años han sido "intensos" y no precisamente "fáciles", llegando a comparar el proceso con "ir avanzando 1 milímetro de un muro de hormigón".
Durante este tiempo, la reforma ha seguido adelante pese a la actual "inestabilidad política", después de haber superado una moción de censura que obligó a González y a su equipo a volver a establecer los contactos tras el cambio de Gobierno, y más recientemente por el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril de este año, que llevaría consigo la disolución de las Cortes el 5 de marzo. Si la fecha hubiese sido dos semanas antes, la reforma no hubiera llegado a tiempo al Senado, el último paso para que se aprobara.
"Lo hemos conseguido, pero muchas leyes se quedan en el tintero", ha denunciado González, por lo que ha pedido a los políticos que en la próxima legislatura hagan lo posible por agilizar los trámites para aprobar leyes. "Si todos están de acuerdo, ¿por qué se tarda tanto?", se ha preguntado.
De hecho, la reforma penal se aprobará este miércoles porque la Comisión de Justicia del Senado aprobó el texto acordado en el Congreso tras no admitir ninguna enmienda, dando así el siguiente paso para su aprobación final en el Pleno de la Cámara Alta, donde no se esperan tampoco más modificaciones. Los mismos abogados de Anna González solicitaron a los senadores que siguieran adelante para que el texto entrara en plazo.
MÁS DE 1.000 CONDUCTORES HUIDOS EN 2018
De los puntos que se modifican, para González "lo más importante" es la inclusión de un nuevo delito: la huida del lugar de los hechos. Según la impulsora del cambio penal, de lo que más "orgullosa" se siente es de que "siempre se castigue el abandono de la víctima", ya que muestra una "falta de solidaridad" por parte del que provoca el accidente.
En su opinión, la mayoría de conductores que se fugaban de la escena del siniestro lo hacían porque "algo tenían que esconder", o bien que iban ebrios, drogados o conducían sin carné.
Según han revelado los abogados de Anna González, en 2018 se fugaron 1.028 conductores tras haber estado implicados en un accidente de tráfico.
La reforma introduce en el Código Penal el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma. El texto especifica que el abandono del lugar del accidente, cuando se ha cometido una imprudencia al volante, se sancionará con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. En el caso de que la omisión de socorro sea "fortuita", se reducirá la pena a un máximo de seis meses de prisión.
Asimismo, recoge las principales reclamaciones de víctimas de accidentes y ciclistas, que pedían incluir en el Código Penal las lesiones. A partir de ahora, los accidentes que causen lesionados --según los colectivos, el 90% de los siniestros--, tendrán penas de multa de tres a doce meses, una situación que se había eliminado durante la reforma del Código Penal que el PP realizó en 2015, y que dejó las lesiones para el Código Civil.
No es el único cambio que se ha producido en las calificaciones de imprudencia. La "imprudencia grave" al volante, con la reforma, abarcará también ahora tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso. Las penas máximas pasan así de cuatro a nueve años.
