Bruselas propone reconocimiento automático en toda la UE de autenticidad de documentos como partida de nacimiento

BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una nueva normativa para garantizar el reconocimiento automático en toda la Unión Europea de la autenticidad de los documentos públicos expedidos por un Estado miembro como las partidas de nacimiento, matrimonio o el estatus legal a fin de reducir los costes y simplificar los trámites burocráticos a los que se enfrentan en la actualidad los ciudadanos que residen y trabajan en otros Estados miembros y las empresas transfronterizas sólo para probar su autencidad.

   Bruselas ha propuesto para ello eliminar los trámites actualmente necesarios de legalización y la obtención del certificado de Apostilla para doce categorías de documentos públicos relativos al nombre; matrimonio y unión registrada; nacimiento; filiación; adopción; defunción; certificado de residencia; de ciudadanía y nacionalidad; propiedad inmobiliaria; personalidad jurídica y representación de una sociedad o empresa; derechos de propiedad intelectual o los documentos que certifiquen la ausencia de antecedentes penales.

   Este certificado lo utilizan en la actualidad las autoridades públicas de otros Estados miembros como prueba de que los documentos públicos o las firmas estampadas en los documentos de las autoridades nacionales competentes son auténticos y se exigen en la actualidad para unos 1,4 millones de documentos al año en la UE.

   El certificado tiene un coste medio para los ciudadanos de 12 euros y se tarda de media una semana laboral para obtenerlo, aunque varía mucho según el Estado miembro.

   Así por ejemplo, el coste máximo de hasta 92,50 euros se da en Reino Unido, donde se necesitan seis meses para obtenerlo o ser gratuito, como en el caso de España, Italia o Francia.

   En el caso de España el certificado de Apostilla se suele obtener el mismo día, pero puede tardar un máximo de tres días, mientras que en otros casos su expedición es inmediata, como en los casos de Chipre, Austria, Italia o Malta.

   Los documentos necesitan acompañarse en la actualidad de una copia compulsada o copia certificada y de una traducción jurada junto con el documento original.

   Para reducir más los costes y las trabas burocráticas, el Ejecutivo comunitario ha propuesto también eliminar la necesidad de presentar una copia certificada junto con el documento público original de manera que sea suficiente con presentar copias no certificadas junto a los documentos originales y que los Estados miembros acepten las traducciones no juradas de los documentos públicos.

   La Comisión ha propuesto además la posibilidad de que los ciudadanos y empresas se ahorren por completo los gastos de traducción utilizando formularios multilingües voluntarios en todos los idiomas de la UE en sustitución de los documentos públicos nacionales en el caso de los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio y uniones registradas, estatus legal y representación de una compañía.

FRUSTRACIÓN INNECESARIA DE CIUDADANOS

   La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha explicado que la propuesta, que todavía debe recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor, busca evitar los trámites burocráticos "innecesarios" que cuestan tiempo y dinero a los ciudadanos que residen y trabajan en otro Estados miembro y para las empresas transfronterizas que tienen que justificar su personalidad jurídica, generándoles "mucha frustración innecesaria y retrasos".

   Reding ha denunciado que en la actualidad se enfrentan todavía a "muchas trabas burocráticas" por la necesidad de presentar copias certificadas, sellos administrativos y traducciones juradas "sólo para demostrar que su certificado de nacimiento es su certificado de nacimiento" y ha criticado que en países como Finlandia y Francia se aplican procedimientos para reconocer la autencidad de documentos públicos de otros Estados miembros "como si fueran de un país tercero como Botsuana o Kazajistán".

   La comisaria ha justificado eliminar el certificado de Apostilla para los documentos públicos "más habituales" porque se trata de un documento "realmente obsoleto", que se remonta a una época en la que los Estados miembros sólo reconocían como auténticos los documentos públicos expedidos por el Ministerio de Exteriores o de Justicia de otro país y ha argumentado que si en la actualidad ya se reconocen las sentencias emitidas en otros Estados miembros no se justifica que no se haga lo mismo con los documentos que expiden las oficinas de registro nacionales sin necesitar que estén acompañadas del sello adicional de estos.

AHORROS DE HASTA 330 MILLONES ANUALES

   Aunque el coste medio del certificado de Apostilla es de algo menos de 12 euros en la UE, dependiendo del número de páginas que hay que certificar para cada documento y las traducciones juradas preceptivas en la actualidad lo eleva a "entre 60 y 400 euros", ha denunciado Reding, que ha confiado en que la propuesta también beneficie no sólo a los ciudadanos sino también a las siete millones de pequeñas y medianas empresas en la UE transfronterizas que con frecuencia tienen que justificar su estatus legal o representación.

   Reding ha rechazado que la propuesta suponga una carga para las administraciones públicas de los Estados miembros y ha cifrado el ahorro por la supresión y simplificación de los requisitos burocráticos en unos 330 millones de euros al año.

   El Ejecutivo comunitario ha dejado claro además que las nuevas normas no tendrán un impacto en el reconocimiento del contenido ni los efectos de los documentos sino que se limitan al reconocimiento automático de su autenticidad sin mayores requisitos de certificación.

   La propuesta contempla también "salvaguardias" para impedir el fraude de los documentos, según ha precisado Reding, que ha asegurado que los Estados miembros con dudas razonables sobre la autenticidad de un documento concreto podrán comprobarla ante las autoridades competentes de los Estados miembros que los expiden a través del actual Sistema de Información del Mercado Interior.