GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Notarial de Granada, ante la operación judicial en lucha contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en Marbella (Málaga) por la que han sido detenidas ya 21 personas, ofreció hoy a los órganos jurisdiccionales competentes y a la Administración del Estado toda la colaboración que pudiera prestar. Además, expresó su "respeto absoluto" a las actuaciones del juez instructor, así como su "deseo" de que se respete el derecho a la presunción de inocencia de los notarios investigados, del que gozan como cualquier ciudadano.
En una nota remitida a Europa Press, el Colegio resaltó también la "intensa colaboración" del Notariado con la Justicia y con las Administraciones Públicas en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. De hecho, desde la primera entrada en vigor, en abril de 2005, del Real Decreto 54/2005 de prevención de blanqueo de capitales, el Notariado "ha asumido legalmente importantes obligaciones en esta materia", según indicó.
La entrada en vigor del Real Decreto 54/2005 hizo posible la creación en diciembre de 2005 del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP). Desde entonces este órgano colabora "estrechamente" con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales y administrativas competentes, facilitando la labor individual del notario.
Es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas de blanqueo. Los técnicos del OCP son también los responsables de analizar la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de todas las escrituras. La existencia de este Índice permite cruzar la información procedente de todas las notarías del país.
El Colegio Notarial de Granada es una Corporación de Derecho Público que representa a los notarios de las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y la ciudad autónoma Melilla. Estos profesionales son, como el resto de los notarios españoles, funcionarios públicos que dependen directamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado, concluye la nota.
