MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Congreso aprobó hoy, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución promovida por el grupo parlamentario de IU-ICV en la que se insta al Gobierno a liderar un pacto de Estado contra la corrupción urbanística. La iniciativa aprobada incluye un amplio paquete de medidas, como endurecer las penas para los delitos relacionados con la corrupción, la transparencia de los procedimientos urbanísticos o la aprobación de un Código Ético.
En primer lugar, en la moción aprobada se emplaza al Ejecutivo a traer con la mayor urgencia al Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de dinero y otros delitos relacionados con la corrupción urbanística.
También le exige un proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera y otro proyecto que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieran relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras.
En particular, pide que se regule la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.
Además, exige al Gobierno que desarrolle con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales.
MAS RECURSOS PARA LAS FISCALIAS.
En la iniciativa también se insta al Gobierno a que aumente y mejore los recursos humanos y materiales de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, así como que se refuerce la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal e intensificando la investigación y persecución de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.
También demanda un reforzamiento del Pacto Antitransfuguismo y velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes.
En el último punto de la resolución, se insta al Gobierno a impulsar un "Código Ético" suscrito por las formaciones políticas, que trasladarán a sus respectivos estatutos y recogerá el compromiso de denunciar ante la Fiscalía cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción..
IU-ICV: "UN PASO ADELANTE".
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario de IU-ICV, Joan Herrera, señaló que esta moción constituye un "paso adelante" en la lucha contra la corrupción, si bien admitió la complejidad de que esta resolución se cumpla en su totalidad antes de que finalice la legislatura dado que contiene un ambicioso paquete de propuestas.
Según IU, la ratificación parlamentaria de esta resolución da vía libre al Pacto contra la Corrupción propuesto por Izquierda Unida al resto de formaciones al inicio de la pasada campaña electoral, señala en un comunicado de prensa.
