MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, UPN y Foro de Asturias, una proposición no de ley del PSOE para que se ponga a disposición de las universidades públicas españolas mecanismos que faciliten su financiación y les permitan afrontar sus problemas de tesorería, como la línea ICO-vencimientos o el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores ya aprobados para las Entidades locales y las comunidades autónomas.
"Busquen decisiones específicas y concretas para paliar la situación de las universidades públicas españolas, con la tentación de privatizarlas. Faciliten que pasemos del ladrillo al libro o del ladrillo al laboratorio", ha solicitado la portavoz socialista en la materia, Angelina Costa durante su intervención.
Así, ha reclamado más ayudas a las universidades públicas españolas en un escenario de dificultad de financiación para todas las administraciones públicas, donde estos centros también se resienten y se ven afectados por esta situación.
"No sólo por las reducciones presupuestarias y de restricción de acceso al crédito que afectan a todos los entes públicos, sino que además sufren los recortes en las políticas de I+D+i y en otras partidas presupuestarias específicas, como las relativas a los Campus de Excelencia Internacional", ha criticado.
Además, advierte de que la situación económica de muchas universidades públicas españolas está "fuertemente condicionada" por el retraso en las transferencias de las administraciones autonómicas, que puede generar tensiones de tesorería y, en general, dificultades de liquidez, especialmente para hacer frente a la retribución de sus trabajadores y atender los pagos a proveedores de servicios básicos para su funcionamiento. "Son problemas comunes entre todas las universidades públicas", ha puntualizado.
Por su parte, la diputada María Jesús Moro, del PP, cree que la propuesta del PSOE supone un 'tótum revolútum' que se olvida del tema competencial, de la puntual falta de liquidez de algunas universidades, a pesar de que el Gobierno es consciente de los problemas económicos de las universidades. Es más, ha advertido de que los problemas en las universidades no son homogéneos.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha pedido por su parte a los rectores españoles que lleven a cabo su obligación, la dación de cuentas de la gestión.
Desde CiU, Merce Pigem, ha recordado que la iniciativa fue debatida en la Comisión de Educación en octubre, y ha resaltado estas situaciones de falta de liquidez que, en su opinión, el Gobierno debería atender.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha reivindicado que las administraciones paguen a las universidades públicas la deuda, junto con los intereses, además de que cree que se les debe recompensar por la subida de tasas universitarias. De hecho, ha puesto como ejemplo que la Generalitat valenciana debe 309 millones de euros a la Universidad pública de Valencia, a la vez que el Ministerio de Educación tres millones de euros.
