CSIF pide que la ley de Enjuiciamiento Criminal reconozca las competencias de agentes forestales como Policía Judicial

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España).
Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 14:16

   MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este viernes que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que se está tramitando en el Congreso reconozca las competencias de los agentes forestales y medioambientales como Policía Judicial, entre ellas el hecho de colaborar en la investigación de delitos relacionados con el medioambiente, elaborar atestados e informes y asegurar pruebas y elementos de delito.

   A tales efectos, la organización sindical ha registrado una enmienda en el Congreso de los Diputados dirigida al presidente de la Comisión de Justicia --órgano que será el encargado de tramitar el proyecto de ley de LECrim-- en la que se solicita la nueva redacción del artículo relativo a las funciones de la policía judicial.

   En ella pide que tengan esta consideración de policía judicial los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera, así como "los Cuerpos, escalas y especialidades de Agentes Forestales y Medioambientales en el ámbito de su respectiva competencia".

   "Actualmente hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en todas las comunidades autónomas y que sus funciones son básicamente policiales (son los garantes de la custodia y vigilancia del medioambiente). Defendemos que son prácticamente una policía especial administrativa y judicial especialidad en materia de medioambiente", recuerda CSIF en el texto.

   Para el sindicato, la enmienda presentada "es continuista e incluyente" y una actualización normativa a la lucha contra el delito medioambiental. En caso de no producirse, advierte que los 6.000 agentes forestales y medioambientales quedarían en un "limbo legal" porque sus funciones no tendrían la categoría de "policía judicial".

   En este sentido, recuerda que estos profesionales reciben "desde hace años" formación especializada en la lucha contra el delito ambiental (investigación de incendios forestales, lucha contra el furtivismo, toma de muestras, uso de medios y artes ilegales, etc); y que también colaboran con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con cualquier otro Cuerpo cuyos funcionarios sean Agente de la Autoridad, condición que ellos también tienen.

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