MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha denunciado la situación de "hacinamiento" en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla e insiste en que "los módulos habilitados como dormitorios no reúnen los requisitos necesarios para servir como alojamiento residencial".
En el Informe anual que presenta la institución, Becerril ha advertido de que la "sobreocupación" de las instalaciones "no puede calificarse de puntual" y sentencia que, "a pesar de haberse reducido el tiempo de estancia media de los residentes, éste continúa siendo elevado".
En concreto, se ha referido al caso del CETI de Melilla, con capacidad para 480 personas, y en el que en diciembre de 2012 residían un total de 905 personas. Asimismo, ha recordado que "dado el alto grado de ocupación y la necesidad de habilitar todas las dependencias posibles para alojar a los residentes, ya no se prestan los servicios de guardería, educativos y formativos, que se habían puesto en marcha y que arrojaban resultados muy positivos".
Por ello, Becerril considera que "tampoco se estiman adecuadas las dependencias habilitadas para las familias". "Esta Institución reconoce que se han realizado esfuerzos para derivar a recursos residenciales o asistenciales más adecuados a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de vulnerabilidad y, en especial, a familias con hijos menores, pero no son suficientes", ha apostillado.
La Defensora también ha advertido de que "continúa abierta" la investigación iniciada "tras detectar la inexistencia de un protocolo de coordinación efectivo" entre los servicios médicos de estos CETI, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dependientes del Ministerio del Interior".
Sobre este aspecto, incide en que la ausencia de este protocolo "impide que los servicios médicos de los CIE conozcan la situación médica en la que se encuentran las personas que son trasladadas para su expulsión desde los CETI de Ceuta y Melilla, lo que supone que en ocasiones "se repitan pruebas innecesarias o se realice un seguimiento y tratamiento inmediato de patologías que ya habían sido detectadas con anterioridad".
Respecto al funcionamiento de los CIE, el informe apunta que los asesores de la Institución adscritos a la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han visitado los centros de Barcelona, Madrid, Valencia y Algeciras, y señala que el seguimiento de las mismas, así como las recomendaciones formuladas con motivo de las citadas visitas, se realizará en el informe anual correspondiente a 2012 que presentará el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En cualquier caso, el informe sí hace referencia al Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, al entender que se trata de una de las cuestiones "principales" que, según afirma la Defensora, "continúa pendiente de solución". "Preocupa de manera particular a esta Institución el sometimiento a ciertos procedimientos a menores de edad extranjeros que se encuentran identificados con pasaporte u otros documentos que acreditan su minoría de edad", ha apostillado.
LA CRISIS COMPLICA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE RESIDENCIA
Por otra parte, la Defensora del Pueblo ha afirmado que el impacto de la crisis económica en los trabajadores extranjeros y sus familias se refleja en la naturaleza de las quejas recibidas en este apartado. Las cuestiones principales se centran en la falta de acreditación de medios económicos suficientes para la renovación de sus autorizaciones de trabajo y residencia y la de sus familiares.
El texto lamenta los casos "especialmente difíciles" en los que no se pueden acreditar los requisitos que exige la norma para la concesión de autorización de residencia a los hijos menores no nacidos en España, que se encuentran en situación irregular. En estos casos, la institución ha realizado intervenciones para que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno estudien cada caso pormenorizadamente en aras del interés del menor.
De la misma forma, el texto concluye que un importante número de las quejas que se han recibido en el año 2012 en el Área de Migraciones se refiere a la demora generalizada --por falta de medios humanos y materiales-- en la tramitación de los expedientes que afectan a ciudadanos extranjeros. Lo mismo ocurre en el caso de las resoluciones de las demandas de asilo, algo que se ha convertido en "motivo de preocupación" para esta Institución, según advierte este informe.
Como en años precedentes, el texto recoge que "se han dirigido a la Institución distintos ciudadanos planteando su disconformidad con la inadmisión a trámite de sus solicitudes de autorización de residencia por arraigo". En este punto, la Defensora del Pueblo denuncia que "se han constatado importantes demoras en la emisión de los informes de integración social --que acompañan a las peticiones de arraigo-- o irregularidades en su elaboración".
EXPULSIONES O DEVOLUCIONES
Respecto al apartado dedicado a 'Expulsiones o devoluciones', la Institución ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que se dicten instrucciones con el fin de que los inmigrantes que reciban una notificación de expulsión "dispongan del tiempo suficiente para recurrir y acogerse a la petición de suspensión cautelar en sede contenciosa" antes de proceder a la expulsión.
Por otra parte, el informe explica que la Institución ha realizado también intervenciones urgentes para impedir la materialización de la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación documental irregular que, con ocasión de la tramitación de un expediente matrimonial con un residente legal, se habían personado en dependencias policiales. "Existen alternativas con el fin de evitar graves perjuicios a los futuros contrayentes", añade el texto.
El informe también recoge las recomendaciones efectuadas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que se agilicen los trabajos para la publicación del plan de lucha contra la trata con fines de explotación laboral y, por otro lado, se desarrollen las condiciones de colaboración con las ONG que se dedican a la acogida y protección de las víctimas de trata.
En este sentido, la Institución considera preciso "avanzar en el tratamiento que se ofrece a las mujeres detenidas e identificadas como víctimas de trata". Por ello, ha recomendado a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que "se mejore el procedimiento de detección de potenciales víctimas, así como la formación recibida por los funcionarios policiales en esta materia".
Otro asunto que motiva quejas constantes --según el texto-- se refiere a la dificultad de los extranjeros residentes para regresar a España cuando se aprecia por parte del personal de la compañía aérea o del Consulado que han permanecido fuera de España más tiempo del permitido por la normativa --que serían más de seis meses en el periodo de un año--.
En este punto, la institución defiende que "la autorización de residencia continúa en vigor hasta que se declara expresamente su extinción", tal y como ya recordó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios en el año 2007 y, por lo tanto, advierte de que "la Administración está obligada a favorecer el ejercicio de este derecho de residencia" y "proveerle del correspondiente visado".
Por último, el informe se ha referido a la llegada de un grupo de ochenta y tres personas a la isla de Tierra, perteneciente al archipiélago de Alhucemas, el pasado mes de septiembre y ha criticado las actuaciones llevadas a cabo "por no adecuarse al ordenamiento jurídico vigente", al entender que deberían haber sido puestos "a disposición del Cuerpo Nacional de Policía", en lugar de devueltos a Marruecos.
