Aseguran que el borrador del baremo de evaluación incluye las enfermedades mentales
PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Coordinadora-Federación Balear de Personas con Discapacidad, José Yarzá, exigió hoy que las personas cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, actualmente fijado en 570 euros mensuales, estén exentas del sistema de copago previsto en la Ley de Dependencia, cuyo reglamento de aplicación está siendo elaborado por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
En declaraciones a Europa Press, Yarzá aseguró que, pese a lo beneficioso y necesario de la ley, el sistema de copago es uno de los puntos que podrían suponer un problema a la hora de hacer efectivos los derechos reconocidos a las personas dependientes. Además, añadió que éste ha de aplicarse de un modo proporcional para que las clases medias no sean, "como siempre", las más perjudicadas.
"Aunque se libere de esa obligación a las personas con rentas más bajas, los de clase media deberán hacer un esfuerzo que no se dará en las clases altas, al poder éstas hacer frente a mayores gastos", explicó. "No estamos de acuerdo con el copago porque es un sistema que no se da en ninguno de los otros pilares del Estado de bienestar, pero si se hace, ha de hacerse bien", aclaró.
Otra de las cuestiones esenciales en la elaboración del reglamento es, para Yarzá, la necesidad de que sólo las rentas líquidas de los beneficiarios de las prestaciones sean tenidos en cuenta para establecer el grado de colaboración económica, es decir, que no sean influyentes ni los bienes patrimoniales del dependiente ni, mucho menos, la situación económica de sus familiares.
Todos estos aspectos son los que deberá regular el primero de los tres reglamentos de aplicación de la ley, que está siendo elaborado por el Consejo Territorial de la Dependencia --integrado por el Ejecutivo central, las Comunidades y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)-- y que estará terminado antes del 1 de abril, según está previsto.
Y es que a partir de esta fecha, las personas que consideren que tienen derecho a las prestaciones dictadas por la ley, podrán pedir que se evalúe su grado de dependencia en base al baremo estatal que incluirá el mencionado reglamento. Según afirmó el presidente de la Coordinadora-Federación Balear de Personas con Discapacidad, dicho baremo está ya elaborado, a falta de la aprobación en el Consejo del próximo 22 de febrero.
EL BAREMO INCLUYE A LOS ENFERMOS MENTALES
A pesar de que el documento no es aún definitivo, Yarzá señaló que sí incluye a los enfermos mentales, una reclamación de este colectivo desde que comenzó la elaboración de la norma. "Al principio se manejaba un concepto muy físico de la dependencia que resultaba discriminatorio para los enfermos mentales. Ahora, por fin está incluido en el punto 7 del baremo, donde se recoge la capacidad de tomar decisiones como uno de los criterios para establecer el grado de dependencia", apuntó.
También con el borrador de baremo en la mano, Yarzá destacó que profundiza poco en la mejora de la autonomía personal de las personas. "Están poco previstas las situaciones en las que una persona necesite habilitar su piso, por ejemplo. Se centra mucho más en la dependencia con respecto a otras personas. Es algo que habrá que mejorar con el tiempo", consideró.
Sin embargo, las mayores preocupaciones para las entidades de personas dependientes se refieren, según Yarzá, a un posible retraso en la aplicación de la legislación como consecuencia de la dificultad para consensuar las coberturas a las que se tendrá derecho, una insuficiente representación de las entidades interesadas en los órganos encargados de la elaboración de los reglamentos y la "más que probable guerra de cifras".
"Uno algunos de los temas más importantes todavía por solucionar es el de las cuantías a aportar por parte de las distintas Administraciones. Es un aspecto espinoso porque aún no se ha decidido en cuánto va a participar el Gobierno y en cuánto las Comunidades", explicó.
El Gobierno central, durante la elaboración de la Memoria Económica de la Ley, cifró en unas 22.000 las personas en Baleares que podrían tener derecho a prestaciones por dependencia. Sin embargo, según Yarzá, esa cifra podría corresponderse con los dependientes absolutos, mientras que si se incluyen todos los que tienen algún grado de dependencia, el número resultante podría situarse "entre las 50.000 y 60.000 personas".
