MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) han condenado la "brutal" agresión al fotoperiodista Jordi Borrás el pasado lunes tras cubrir un acto político en Barcelona y han solicitado una investigación "inmediata" para esclarecer lo ocurrido y sancionar al agresor.
Según el diario digital 'El Món', para el que trabaja el fotoperiodista, Jordi Borrás el fotoperiodista se encontraba caminando por el centro de la ciudad condal cuando un hombre le reconoció y se acercó hasta él al grito de "viva Franco" y "viva España". Posteriormente, le agredió con varios puñetazos en la cara. Borrás fue atendido por los servicios médicos ya que tenía la nariz rota y varias contusiones.
El presunto agresor mostró una placa de policía nacional antes de abandonar el lugar, según el medio de comunicación. La Policía Nacional ha confirmado esta información y ha anunciado la apertura de un expediente informativo para aclarar las circunstancias de la presunta agresión.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) --adscrita a la FIP--, Nemesio Rodríguez, ha afirmado que "la agresión supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de los sistemas democráticos". "Instamos a la Jefatura de Policía a que abra una investigación urgente y depure las responsabilidades que correspondan por este ataque a un fotoperiodista", ha subrayado.
"La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide que se esclarezca lo ocurrido y, en su caso, se adopten las medidas disciplinarias que correspondan, porque los policías deben respetar el trabajo que realizan los profesionales de la información al servicio de un derecho constitucional de la ciudadanía y no ponerles obstáculos ni, mucho menos, agredirles", ha declarado al respecto su secretario general, Agustín Yanel.
Por su parte, fuentes de la Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO han condenado "enérgicamente" la agresión y han reiterado la necesidad de que los periodistas españoles puedan ejercer su labor informativa con las garantías y seguridad propias de un Estado de Derecho, que reconoce el derecho a la información como uno de sus principios constitucionales.
