MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado a la Juez de Instrucción número 5 de Málaga, María Jesús del Río, que cite como imputado al Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Angel Fernández Chico, por los delitos de prevaricación y coacciones, según recoge el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press. El 'número dos' del Cuerpo fue denunciado por los sindicatos policiales en relación con la destitución del inspector jefe del puerto de Málaga el pasado verano.
Los hechos se remontan al 10 de julio, cuando un barco de pasajeros que une Málaga con Melilla sufrió un retraso de una hora en su salida. Según la denuncia presentada por los cinco sindicatos policiales, el inspector jefe destituido, en calidad de máximo responsable del Cuerpo, ordenó que el control de pasajeros de entrada se realizase "de forma minuciosa y con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento en vigor", lo que provocó la demora.
Aquellos días, miembros del Cuerpo Nacional de Policía seguían una huelga de "trabajo a reglamento", convocada por los sindicatos dentro del conflicto colectivo colectivo planteado al Ministerio del Interior, en demanda de subidas salariales no satisfechas por el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. En puertos, aeropuertos y fronteras, los policías nacionales se dedicaron a aplicar estrictamente la normativa, haciendo registros minuciosos a los pasajeros y solicitando la documentación a todos ellos, lo que provocaba considerables retrasos.
Sin embargo, y según los sindicatos, el retraso en la salida del ferry de Málaga "no es nuevo, al confluir en el actual filtro de entradas y salidas los pasajes", señala la denuncia. Ese mismo día, continúa, el Director Adjunto Operativo transmitió telefónicamente al comisario provincial la orden de destitución "como consecuencia de las demoras" producidas, "dándole a entender que la había de ejecutar con carácter inmediato, extremo absolutamente inusual".
En la misma denuncia, se afirma que Fernández Chico "no tiene la competencia legal para cesar de forma fulminante a un funcionario" y se añade que, para hacerlo, coaccionó al comisario provincial, quien "no tenía intención" de destituir a su subordinado, pero al que "no le quedó más remedio que llevarlo a cabo como consecuencia de la llamada telefónica".
En este sentido, la denuncia recoge el Director Adjunto Operativo trasladó al jefe de Málaga "que de no cumplirse las instrucciones impartidas telefónicamente, podrían tener consecuencias para él, ante lo cual, al comisario provincial no le quedó otro remedio que dictar el oficio comunicando el cese del inspector jefe". El policía destituido, añaden los sindicatos, lleva años destinados en el puerto y ha sido "felicitado públicamente".
LA JUEZ PIDE INFORMES
El pasado 13 de agosto, la fiscal de Málaga se dirigió al Juzgado de Instrucción número 5 de esta ciudad solicitando que se llame a declarar a Fernández Chico como imputado. También solicitó a la magistrada que las autoridades portuarias informasen si el buque de Acciona 'Millenium' sufre retrasos habitualmente o si, de lo contrario, lo ocurrido el 10 de julio es "un hecho aislado". Por último, pedía que la Dirección General de Policía y Guardia Civil aportase copia del expediente en virtud del cual se produjo el cese del inspector jefe.
La respuesta de la magistrada María Jesús del Río Carrasco llegó el pasado 11 de septiembre, ordenando se le remita el informe del puerto de Málaga y la copia del expediente de cese desde la Dirección de la Policía. La decisión de llamar a declarar como imputado a Fernández Chico, se acordará, en su caso, tras el examen de esos documentos.
Seis días después de la destitución, los máximos responsables sindicales se trasladaron a Málaga para apoyar al inspector jefe y ofrecer una rueda de prensa en la que el portavoz de la unidad de acción sindical, José Angel Fuentes Gago, enmarcó la destitución en un intento por parte de la cúpula ministerial de amedrentar a los policías en sus legítimas reivindicaciones.
El próximo sábado, los sindicatos (SUP, CEP, UFP, SPP y SC) han convocado a miles de policías nacionales y guardias civiles a manifestarse por el centro de Madrid para exigir subidas salariales que acerquen sus retribuciones a las de los agentes autonómicos.
