La Fiscalía del TSJ de Cantabria abre diligencias sobre las actividades en las instalaciones mineras de la Cota 100

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación ciudadana 'Otro Castro es posible' ha informado hoy que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha abierto diligencias de investigación por presunto delito contra el medio ambiente o contra la ordenación del territorio sobre las actividades que se están realizando en las instalaciones mineras de la Cota 100, en las que ha declarado el representante legal de citada agrupación.

Según señaló el presidente de la Asociación, Juantxu Bazán, en una carta dirigida al alcalde de Castro, Fernando Muguruza, estas actuaciones, "con la denominación de 'recuperación paisajística', encubren un vertido de decenas de camiones diarios sobre las proximidades de las instalaciones mineras de la Cota 100".

La Asociación solicitó al Ayuntamiento de Castro Urdiales en la misma carta la ejecución "de una vez y con los medios coercitivos al alcance de la autoridad municipal", del decreto de paralización de la obra de la Cota 100 promovida por la Junta Vecinal de Mioño, procediendo a su precintado para garantizar el cumplimiento del decreto, "en tanto no se dictamine acerca de la legalidad de las actividades que se vienen realizando en dicha zona".

Y es que, subrayó Bazán, aunque el Consistorio "conoce" que la Junta está "desobedeciendo" el decreto, no ha tomando las medidas necesarias para garantizar la ejecución de sus propias resoluciones, algo que, dijo, "podría calificarse como una inhibición irresponsable".

Igualmente pidió que "se ponga fin" y se "sancione convenientemente" la "extracción ilegal de residuos", por ser una actividad "sin licencia" y "contraria al planeamiento y legislación minera".

Según la agrupación, el hecho de que las actividades de la Cota 100 hayan obtenido la Estimación Ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente, "no otorga carta de legalidad a dichas actuaciones". Además subrayó que los supuestos "acuerdos transaccionales" entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento "no legitiman actividades contra el Plan General o contra el Plan de Ordenación del Litoral (POL)".

Entre las presuntas irregularidades que la asociación ciudadana ha hecho saber al Ayuntamiento, al alcalde, y a los servicios técnicos figura que las obras que se están realizando desde julio de 2007 "carecen de la correspondiente licencia" municipal.

También sostiene que bajo el "fraudulento título" de 'Proyecto de recuperación paisajística del cordón minero de la Cota 100', la Junta Vecinal de Mioño "está encubriendo el vertido de más de 300.000 metros cúbicos de materiales inertes sobre una superficie de unos 100.000 m2, durante un periodo de cinco años".

Dicha actividad, según la Asociación, "carece de la preceptiva licencia" municipal e "incumple gravemente el Plan General", por cuanto las actividades de vertidos se están produciendo en suelo no urbanizable de protección ecológica, y porque el planeamiento prohíbe el vertido de inertes procedentes de lugares situados fuera del municipio, y en la Cota 100 "se están vertiendo materiales de la margen izquierda de la Ría del Nervión", aseguró la agrupación.

Igualmente, denunció que se está incumpliendo el POL, que califica la zona afectada por los vertidos como Área de Interés Paisajístico (AIP), por lo que quedan prohibidas las actividades de vertidos, y como Área de Interés Estratégico (AIE), donde todas las actividades que se desarrollen deben ir precedidas de un Plan Singular de Interés Regional que "no se ha aprobado".

'Otro Castro es posible' afirmó que se incumple también el Plan General y la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria al afectar los vertidos a las instalaciones mineras de la Cota 100 cuyos yacimientos están protegidos por el Catálogo de Protección Arquitectónica y Arqueológica del Plan General.

Por otro lado, aseveró que la Junta Vecinal de Mioño ha adjudicado "directamente" esta obra, "obviando el procedimiento" de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, un hecho "preocupante" dados los "estrechos vínculos" existentes entre dicha empresa y la UTE encargada en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación del Municipio de Castro Urdiales, afirmó.

La asociación dijo "tener constancia" de que se están produciendo extracciones de residuos mineros en el entorno del monte de Dícido que, además de ser yacimientos protegidos por el Plan General, su explotación requiere la autorización de la Consejería de Industria, previa a la licencia de actividad municipal; licencia que, continuó, no podría aprobarse por ser estar prohibida la actividad minera en todo el término municipal, a excepción de la Cantera de Santullán, por el Plan General.

Finalmente, para la agrupación resulta "desolador" que aún no se haya desmantelado la báscula instalada en la Cota 100, "contraviniendo lo ordenado en la resolución de Comisión de Gobierno de 4 de diciembre de 2003, sin que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya tomado medida alguna".