GRANADA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha abogado por desarrollar políticas de género dentro del sistema penitenciario español, donde las mujeres representan una minoría, concretamente un ocho por ciento del total de la población reclusa.
Durante su intervención en Granada en el II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa en el Medio Penitenciario 'Mujer, Salud y Drogodependencias en el medio penitenciario', Gallizo, que ha informado de que actualmente la Administración General del Estado cuenta con 5.185 mujeres cumpliendo condenas de privación de libertad (aunque no todas ellas estén en prisión), ha hecho un repaso por todas las actuaciones que está llevando a cabo su departamento para evitar la "discriminación" y que tienen como hoja de ruta el 'Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario'.
Según sus datos, un 51 por ciento del total de las mujeres en prisión cumplen condena o están preventivas por el delito contra la salud pública, frente al 26 por ciento de los hombres. Estas mujeres son de una extracción socioeconómica muy baja (entre ellas un alto número de ciudadanas extranjeras y, en el caso de las españolas, con una sobrerrepresentación de las de etnia gitana), que, en la mayoría de los casos, han recurrido a la fórmula que ellas consideraban más fácil para sostener la economía familiar.
El encarcelamiento ha supuesto, para muchas de ellas, "la traumática separación de su hogar e hijos, desatendiendo precisamente las cargas familiares que trataron de proteger". Abordar este coste familiar y el mayor sufrimiento de la mujer en su encarcelamiento con medidas alternativas ha sido el fundamento de varios de los objetivos prioritarios del programa de igualdad, que propone cambios legales y estructurales, algunos de los cuales, como propuestas de cambios legales o potenciación del medio abierto, están ya en proceso.
"En estos últimos años, hemos decidido apostar por una más adecuada aplicación de medidas penitenciarias capaces de acortar la duración del encarcelamiento efectivo, y su temprana reincorporación a sus responsabilidades familiares y laborales como fórmulas eficaces para los perfiles de menor peligrosidad, y con mayor capacidad de integración social. En el caso de las mujeres, en las que la valoración de su peligrosidad y de su riesgo de reincidencia es menor que en el de los hombres, estas fórmulas pueden ser más adecuadas si cabe", ha explicado.
Para llevar esto a la práctica, el Gobierno ha ejecutado planes de acción concretos que en su balance del último año y medio han dado un aumento del porcentaje de mujeres en Tercer Grado hasta alcanzar el 27,64 por ciento de las internas, frente al 16,6 por ciento de hombres. "Hoy tenemos a 1.122 mujeres penadas clasificadas en Tercer grado. Cumpliendo en medio abierto o con la aplicación de medios telemáticos y no telemáticos .Esto les permite mantener sus lazos familiares y acceder al trabajo externo", ha indicado.
PRESAS CON HIJOS A SU CARGO
Por otra parte, la secretaria general ha aludido al "esfuerzo" que se está realizando con respecto a las mujeres que tienen en prisión hijos a su cargo. "La ruptura de la relación madre-hijo en los primeros años de vida es indudable que tiene muy negativas consecuencias, por eso las madres presas han podido tener a sus hijos con ellas hasta los 3 años en módulos especializados", señalaba.
Para Gallizo, es "terriblemente injusto" que un niño o una niña deba pasar los primeros años de su vida en una prisión, y para evitarlo el nuevo Plan de Infraestructuras Penitenciarias contempló la construcción de Unidades de madres fuera de las prisiones para cumplimiento de condena de mujeres con sus hijos pequeños. Son infraestructuras especiales, edificios singulares y carcelarios, aunque estén dotados de medidas de seguridad, y que tratan de reproducir un ambiente familiar y favorecedor del desarrollo de las y los menores. "Hemos abierto ya dos de ellas --Sevilla y Mallorca-- con 53 habitaciones en las que conviven 45 madres y 50 niños y próximamente abriremos la tercera en Madrid, estando iniciada la construcción de las restantes", ha informado.
Otra de las iniciativas que está cambiando perceptiblemente la calidad de vida y las posibilidades de intervención penitenciaria para los hombres y mujeres que cumplen condena en los centros penitenciarios son los Módulos de Respeto, un nuevo sistema de organización y funcionamiento de la vida en prisión, fundamentado en el aprendizaje y la práctica del respeto y de una convivencia lo más normalizada posible.
"Suponen un estilo de vida en el que disminuye la violencia, la desconfianza, aumenta la solidaridad y se aprende a resolver pacíficamente los conflictos. Es decir, son un modo diferente de vivir la prisión y de que los reclusos y reclusas tengan participación en la gestión de la misma. Es un modelo plenamente generalizable consolidado e implantado casi en la totalidad de los establecimientos y que se extiende mes a mes, ganando espacios a la prisión tradicional", ha apuntado Gallizo.
La secretaria general se ha referido además a los dispositivos sanitarios para atender las necesidades específicas de las internas en el sistema penitenciario. En ocho centros donde hay mujeres, ha señalado, Alicante II, Ávila, Castellón, Madrid I, Murcia, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza, se desarrollan programas específicos, que inciden sobre aquellos aspectos relacionados con la enfermedad, que están ligados a la condición de ser mujer, muy especialmente en el campo de las enfermedades infecciosas y en concreto de las infecciones de transmisión sexual. En la actualidad hay alrededor de 400 internas que realizan el seguimiento de estos programas en el sistema penitenciario.
En cuanto a la atención de las drogodependencias, los centros penitenciarios permiten acceder a programas de intervención que desarrollan los equipos multidisciplinares GAD en todos los establecimientos, desde los programas de prevención a los programas de tratamiento con metadona y los programas de tratamiento de deshabituación. Esto, junto a la menor disponibilidad, hace que se reduzca significativamente el consumo de drogas en prisión, tanto en cuanto al tipo de sustancias de consumo, como a la frecuencia.
