BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, defiende la legalidad de las multas lingüísticas y argumenta que "todos los países tienen normas de protección de los derechos lingüísticos".
En una intervención ante el pleno del Parlamento catalán, ha interpretado que todas las sentencias que han habido hasta ahora sobre este tema han avalado las multas, por lo que el Ejecutivo autonómico no tiene intención de modificar su política en este asunto.
Según Puig, el Tribunal Constitucional (TC) falló que la normativa relativa a las multas lingüísticas previa al 2010 tenia problemas de "seguridad jurídica", pero el código de consumo que se aprobó ese año solventaba esta carencia, por lo que se seguirá con las sanciones.
La diputada de C's Inés Arrimadas ha pedido que todas las multas lingüísticas sean anuladas porque son "absolutamente ilegales" y ha exigido cerrar todos los expedientes sancionadores que ahora están abiertos.
"Son las multas de las vergüenza. Son un atropello a libertad de expresión. Son un ataque a la democracia", ha concluido Arrimadas, que ha pedido que se devuelva el importe a todos aquellos que han sido multados.
