SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, insistió hoy en que los menores inmigrantes que lleguen a España sin compañía "deben de declararse en desamparo provisionalmente" y pasar a ser tutelados por la Administración hasta que se realicen las averiguaciones pertinentes acerca de su situación real.
En declaraciones a Europa Press, Chamizo se refirió a la denuncia que han hecho tres ONG de Granada por una circular enviada a los delegados de Igualdad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social por la directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón, en las que se dan "instrucciones restrictivas" a la declaración de desamparo de menores inmigrantes, haciendo hincapié en que "algún desamparo provisional tiene que decretarse" y que, "una vez que se tengan las investigaciones hechas, decidir qué se hace con el menor".
En este sentido, indicó que tanto el Defensor del Pueblo Español como él entienden que un menor que está en España sin sus padres "tienen que ser declarado en desamparo provisional", lo cual "no puede quedar pendiente de las averiguaciones que se hagan posteriormente".
"Me parece que no podemos machacar más a la población inmigrante menor, porque ante todo es menor y después inmigrante", reivindicó el Defensor.
En el día de ayer, las ONG Granada Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Acción Enred-Acción Alternativa criticaron la existencia de una circular enviada a los delegados provinciales de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social por la directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón con "instrucciones restrictivas" a la declaración de desamparo de menores inmigrantes.
En concreto, según estos colectivos, esta circular se basa en el cambio de criterio y de procedimiento de actuación con los menores inmigrantes, instando a los funcionarios a obtener pruebas avaladas por informes periciales de que los padres no son aptos o se desentienden de su cuidado antes de declarar a estos menores e desamparo.
Además, este escrito ordena a los funcionarios a comunicar a la Brigada de Extranjería la relación de menores que accederán próximamente a la mayoría de edad "con la suficiente antelación para que tengan conocimiento de esta circunstancia y puedan actuar según lo establecido en la normativa de extranjería", es decir, la repatriación.