La ley adoptada por el Vaticano sobre transparencia, vigilancia e información responde a una recomendación del Moneyval

ROMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El apartado de la 'Vigilancia prudencial' de la nueva ley XVIII sobre las normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera "responde a una recomendación específica" del MONEYVAL, el órgano del Consejo de Europa encargado de revisar las medidas que toman los Estados para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según ha confirmado el Secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Dominique Mamberti este miércoles.

Así, ha indicado que "un ámbito relevante" de la disciplina que introduce la Ley XVIII se encuentra en el apartado 'Vigilancia prudencial de los entes que desempeñan profesionalmente una actividad financiera' pues se reconoce "un amplio poder de regulación de la materia por parte de la Autoridad de Información Financiera (AIF)", según indica Mamberti.

En esta línea, ha remarcado que la ley XVIII contempla que en caso de que la Autoridad de Información Financiera (AIF) encuentre "un motivo fundado para sospechar que se trata de una actividad de lavado de dinero o financiación del terrorismo", deberá transmitir "un informe detallado al promotor de justicia y podrá además "suspender la ejecución de las transacciones u operaciones sospechosas durante cinco días laborables".

Respecto a las disposiciones de la ley en materia de circulación transfronteriza de dinero en efectivo, que entre o salga del Estado por importe igual o superior a 10.000 euros, y sobre las normas relativas a información y cooperación, Mamberti ha subrayado "el papel central atribuido a la AIF que colabora e intercambia información sea con otras autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, sea con las autoridades análogas de otros Estados, en condiciones de reciprocidad y sobre la base de protocolos de entendimiento".

Además de esta competencia de vigilancia de la AIF, la ley XVIII establece "un sistema de sanciones administrativas" que puede aplicar la AIF misma o, en los casos más graves, el presidente de la Gobernación, por recomendación de la Autoridad Financiera en lugar de la Secretaría de Estado que tenía esa competencia en el pasado.