MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscal General del Estado (FGE), Consuelo Madrigal, ha alertado este lunes en el Congreso de los Diputados que su departamento ha constatado una disminución "parcial" de las órdenes de protección entre las víctimas de violencia de género en 2015, aunque según ha asegurado, todavía no precisa de una "evaluación definitiva".
A petición de los diputados, que han denunciado que en la memoria se constata una "desigual actuación" en materia de violencia de género en función del territorio, Madrigal ha subrayado que sólo se retira la acusación cuando no hay suficientes pruebas.
En este punto, ha destacado que en muchos casos se producen dificultades en las investigaciones por faltas de prueba cuando las víctimas de esta lacra se acogen a la licencia de no prestar declaración. Eso sí, ha precisado que este hecho no significa que siempre que las víctimas se acojan a ello se retiren las acusaciones porque éstas se mantienen siempre que haya prueba. "Hay condenas incluso en estos casos", ha precisado.
EL PROBLEMA DEL CIBERACOSO
Madrigal, que ha iniciado su comparecencia destacando que se trata de la primera vez que una mujer comparece en la Comisión de Justicia del Congreso como FGE, observa además "con preocupación" también la extensión del ciberacoso y de la utilización de Internet para materializar "graves conductas" contra la intimidad, la integridad y la libertad personal y sexual de las mujeres.
Es más, alerta de que, pese a los esfuerzos educativos, podrían incrementarse las estrategias de "dominio-sumisión", subyacentes a la este fenómeno criminal, entre los sectores de población más jóvenes.
En este punto, Madrigal ha querido recordar el papel de Soledad Cazorla en sus 10 años como Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, un puesto que, según ha destacado, "encarnó con ímpetu radiante".
SEGURIDAD VIAL
Sobre Seguridad Vial, ha señalado que en 2015 las condenas por delitos contra la seguridad supusieron el 38,4% del total de sentencias dictadas en la jurisdicción penal, a la vez que ha precisado que el 90% de las mismas fue de conformidad con el acusado, lo que conllevó la consecuente privación del derecho a conducir.
A su juicio, es necesario un plan o estrategia nacional que incluya la educación viaria y la sensibilización respecto al uso razonable de peatones, ciclistas, motoristas y conductores.
Madrigal también ha confesado que le preocupa la reforma de los delitos "imprudentes" llevada a cabo en 2015 en el Código Penal y en la ley del llamado Baremo del Seguro, y que "pese a sus indudables mejoras técnico-jurídicas", pueda provocar situaciones de desprotección "que empiezan a detectarse", y a las que el Fiscal trata de subvenir con una tutela penal proporcionada de los bienes jurídicos en juego.
Según ha recordado, en 2015, los delitos que han dado lugar a un mayor número de sentencias condenatorias son los delitos contra la seguridad vial, que representan el 34,8% del total de las dictadas; seguidos por los delitos contra el patrimonio, un 21%; y después por los relacionados con la violencia sobre la mujer, familiar y doméstica un 9%.
TRATA DE SERES HUMANOS
Por otro lado, la FGE ha subrayado que otra de las prioridades de su departamento y actualmente la Fiscalía está realizando un seguimiento directo de 330 investigaciones abiertas. "En los dos últimos años ha habido 40 sentencias en este ámbito y que han supuesto el descabecimiento de tramas de mujeres procedentes de Rumanía o Paraguay o Nigeria", ha recordado.
En materia de infancia, la Fiscal General del Estado ha insistido en su deber por proteger a los menores, entre otros puntos porque, según ha alertado, son "muchas" las situaciones "nuevas" y "sin regulación específica" como el reciente caso de un menor transexual que quería registrar su nombre, el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, en la custodia compartida o en los niños nacidos mediante maternidad subrogada.
Asimismo, ha avanzado que en la memoria de 2016 se van a incorporar propuestas de reforma, entre otros temas, en materia de protección del patrimonio subacuático.
Sobre qué se ha hecho en delitos de odio, la FGE ha defendido que se ha trabajado en la especialización de los fiscales, lo que favorece que no se pasen por alto determinados delitos de odio, al mismo tiempo que ha subrayado que se han incrementado denuncias y las investigaciones en curso.
Preguntada por cuántas visitas realizó la Fiscalía a los CIE, en concreto a los de Valencia, Madrigal ha precisado que se hicieron en 2014 un total de dos, una cifra que reconoce ser muy escasa aunque afirma "no poder hacer más", a la vez que ha abogado por la puesta en marcha de un calendario de visitas a centros, tanto centros de internamiento de extranjeros (CIE), Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), o centros de menores.
