Padres de bebés nacidos por gestación subrogada instan al Gobierno a perseguir la "mala práctica" en vez de a familias

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila-Coro ha señalado que el Gobierno debe perseguir la "mala práctica" de la gestación subrogada en vez de a las familias.

"Lo que tendría que hacer el Gobierno es luchar contra la mala práctica de la gestación subrogada, porque mientras nosotros estamos hablando de esto y mientras se criminaliza a las familias españolas que no pueden gestar a sus hijos, mientras tanto hay por ahí afuera agencias y gente sin escrúpulos operando y llevando a cabo unos procesos de gestación subrogada que no tienen nada que ver con la ética y que deberían de ser regulados", ha asegurado Vila-Coro en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que este mismo martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya avanzado que su departamento se encuentra trabajando con el Ministerio de Justicia para reforzar este mes la prohibición de la gestación subrogada y que esta se lleve en España "a sus últimas consecuencias". Fuentes gubernamentales han asegurado a Europa Press que el objetivo es que no se puedan registrar a bebés nacidos mediante esta práctica en el extranjero.

Respecto al anuncio de la ministra, Vila-Coro ha dicho que la decisión del Ejecutivo "va en contra de los derechos reproductivos de las familias que no tienen capacidad de asistir". "En lugar de regular la gestación subrogada en España, lo que hacen es poner más impedimentos", ha indicado.

Asimismo, ha criticado que este anuncio "engancha" más con el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, que con uno progresista. Asimismo, ha lamentado que mientras que en otros países han dado "pasos hacia adelante", como en Francia o Portugal, en España se dan "pasos hacia atrás".

"Todo esto se enmarca en la campaña de incitación al odio a nuestras familias que se ha venido produciendo desde el Gobierno", ha asegurado Vila-Coro. En esta línea, ha acusado al Ejecutivo de hacer declaraciones que incitan a la "estigmatización" y "exclusión social" de las familias que recurren a esta práctica.