Padres de bebés nacidos por gestación subrogada piden revertir la instrucción que impide el registro de estos menores

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de familias Son Nuestros Hijos estudia presentar una iniciativa parlamentaria o acudir a la vía judicial para minimizar las implicaciones de la instrucción del 28 de abril, del Ministerio de Justicia, que impide que los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero sean inscritos en el Registro Civil por filiación biológica.

En este sentido, la asociación, junto con distintas asociaciones de familias LGTBI españolas, ha mantenido reuniones con representantes de las ejecutivas del PSOE, Sumar, PP, Junts, PNV, EH Bildu y ERC, a los que han trasladado su intención de poner en marcha iniciativas políticas y judiciales para revertir la instrucción o, en su caso, evitar las "graves" implicaciones de la norma.

Según las asociaciones pertenecientes a la Red estatal de familias LGTBI, la instrucción deja en "una grave desprotección" a los menores, ya que, desde hace exactamente un año, "quedan en un limbo, se les "perjudica" en el reconocimiento de derechos básicos que les pertenecen y se "contravienen" normas elementales de Derecho Internacional Privado y del ordenamiento jurídico español.

De la misma manera, desde Son Nuestros Hijos han explicado que los padres y madres que han recurrido a la gestación subrogada "se ven abocados a registrar a sus hijos por la vía de la filiación biológica y la adopción, lo que hace que todo el proceso se alargue en exceso".

"Ahora, el Gobierno de España le dice a un recién nacido que durante un tiempo sus progenitores no lo van a ser y esto tiene implicaciones muy graves, porque deja al menor en una completa situación de desprotección por una decisión arbitraria que solo busca dañar", ha indicado la presidenta de Son Nuestros Hijos, Olatz Mendiola.

La asociación calcula que la medida del Ministerio de Justicia ha afectado ya a "cientos" de bebés nacidos en el extranjero. En esta línea, plantea dos medidas para revertir la instrucción o, en su caso, procurar acelerar los plazos de filiación. Por un lado, aboga por explorar la vía judicial y, por otro, de la mano de los partidos políticos con los que ha mantenido conversaciones, introducir una iniciativa parlamentaria para, "en un principio, reducir al máximo, y de manera inmediata, las implicaciones de la instrucción, es decir, acelerar los plazos para que la filiación mediante la adopción no se prolongue más allá de tres meses".

"ESPAÑA ESTÁ DANDO PASOS HACIA ATRÁS"

Igualmente, las familias consideran que, "en contra de lo que está haciendo Europa, España está dando pasos hacia atrás". Así, Mendiola ha explicado cómo Francia, que no cuenta con una regulación de la gestación subrogada, sí que ha implementado el registro consular directo, "lo mismo que se podía hacer aquí con la Instrucción Zerolo de 2010 hasta el año pasado". "En Francia tienen muy claro que no se puede dejar a los niños el limbo. La filiación tiene que ser segura; son hijos de franceses", ha añadido.

Desde que el Ministerio de Justicia aprobó la instrucción, las familias con hijos nacidos por gestación subrogada han denunciado la norma, que, a su juicio, supone "una de las mayores violaciones de los derechos humanos de los menores cometida por parte de un gobierno que se haya conocido en democracia". De hecho, alrededor de 200 personas se concentraron frente al Ministerio de Justicia el pasado mes de junio para exigir al Gobierno su derogación.

Además, la asociación ha recalcado que juristas se han pronunciado en contra de la instrucción, que "no protege a los menores sino todo lo contrario", y, por ello, rechazan la vía de la adopción como modo de filiación. También ha hecho alusión a un trabajo publicado en la revista del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, que concluye que la instrucción "vulnera el interés superior de los y las menores nacidas por gestación subrogada".

Del mismo modo, ha mencionado a la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca, Antonia Durán, que dictamina que la instrucción es un "acto de carácter gubernativo que vulnera derechos". En consecuencia, apuesta por dos vías para enfrentarse a ella; "bien impugnarla judicialmente para que se aclare su nulidad, bien ignorarla, pues no puede aplicarse lo que contraviene nuestro ordenamiento jurídico".

En un tercer informe, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Antonio J. Vela, afirma que la instrucción es "un nuevo retroceso en la necesidad de una regulación del convenio de gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico".