Los peritos no descartan que el acusado de abusar de una discapacitada en Valladolid pudiera no apreciar su minusvalía

Actualizado: viernes, 30 octubre 2009 18:11

La acusación particular mantuvo su petición de diez años, mientras que el fiscal la rebajó a cuatro años y once meses

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Forenses y psicólogos que declararon en calidad de peritos en el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid contra el joven de 21 años J.A.R.S, a quien se acusa de abusar sexualmente en 2008 de una discapacitada de Medina del Campo, no descartaron que el procesado no llegara a apreciar la minusvalía de la víctima.

El testimonio de los peritos fue lo más destacado de la segunda y última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, ya que lo dicho por ellos modifica sustancialmente la situación del imputado al considerar factible que éste, con una inteligencia límite, no fuera realmente consciente de las limitaciones de la joven con la que, supuestamente, mantuvo relaciones sexuales, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En este sentido, y pese a que la víctima, de 26 años, sufre una minusvalía psíquica del 65 por ciento, la prueba pericial establece las dificultades existentes para apreciar a simple vista tal discapacidad, dada la integración social de la denunciante y su carácter desenvuelto, hasta el punto de que las psicólogas añadieron que incluso ello podría pasar desapercibido para cualquier persona sin una inteligencia superior a la media o para alguien que no fuera especialista en salud mental.

NO PUEDE CONSENTIR LIBREMENTE

Sin embargo, los peritos sí mantuvieron que la discapacidad de la joven impide a ésta prestar consentimiento libremente debido a que es muy influenciable y manipulable.

Ante ello, el Ministerio Fiscal, que inicialmente pedía una pena global de diez años por dos delitos de abuso sexual, modificó a la baja su petición, al aplicar al acusado una eximente incompleta, y la rebajó a un total de cuatro años y once meses, mientras que la acusación particular mantuvo invariable su solicitud de una década de privación de libertad para el joven, junto con el pago de una indemnización de 18.000 euros.

Y es que la acusadora particular, que representa a la víctima y sus padres, considera que el joven acusado pudo engañar a su patrocinada para que ésta consintiera--se le acusa de haberla sometido a tocamientos en un bar y de obligarla a practicarle una felación en un descampado de Medina del Campo--y conocía de antemano la minusvalía de ella y se aprovechó de tal circunstancia.

En contra del criterio de las dos acusaciones, la defensa pidió una sentencia absolutoria debido, como así indicó, a que no se habían podido acreditar los hechos, ya que se contaba únicamente con el testimonio "poco coherente" de la joven, y se escudó también en el hecho que su cliente desconocía la limitación psíquica de ella y tampoco podía ser consciente de lo que esto suponía a los efectos de consentir libremente.

Durante la vista, el acusado, de 21 años y vecino de Medina del Campo (Valladolid), se declaró inocente, negó que hubiera mantenido relaciones sexuales con la joven, residente en la misma localidad, y aseguró que fue su hermano pequeño el que tuvo sexo con ella. Su hermano, por aquel entonces de 17 años, ya fue juzgado por estos hechos a finales de 2008 y condenado a un año de libertad vigilada.

Sin embargo, la víctima, que declaró protegida por un biombo para que no tuviera que enfrentarse visualmente al acusado, ratificó la denuncia presentada en su momento, según la cual éste mantuvo sexo con ella tras amenazarla con que de lo contrario su novio, de 14 años y condenado a dos años de internamiento, dejaría de verla y rompería la relación que ella, engañada, creía mantener con él.

Siete menores vecinos de Medina del Campo, de entre 14 y 17 años, entre ellos un hermano del imputado, ya fueron juzgados por estos hechos y condenados a distintas medidas de internamiento, libertad vigilada y tareas socioeducativas. Por su parte, el hoy juzgado se encuentra actualmente en situación de libertad provisional tras haber permanecido preso más de ocho meses.