El PP acusa a Pajín de no hacer "nada" por los consumidores y la ministra defiende que el grado de confianza es alto

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Senado ha acusado a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de no hacer "nada" por los consumidores españoles, y ésta ha defendido que el grado de confianza de este colectivo es superior en cuatro puntos al de la media de la Unión Europea.

"Utiliza a los consumidores como cabezas de turco", ha aseverado la senadora del PP María del Carmen Riolobos, que ha interpelado a la titular de Sanidad en el Pleno del Senado, a la que ha reprochado su "silencio clamoroso" ante el paro de los controladores aéreos, la subida de la luz o de la cesta de la compra, que, su juicio, "es algo insoportable".

Asimismo, le ha dicho a la ministra que los consumidores son "importantes" para la recuperación económica del país, pero que, sin embargo, "desconfían de las políticas del Gobierno". "El alza de precios es insoportable, la caída de la confianza en el consumo, la inflación, la subida de las hipotecas, gasolina, la luz, los impuestos especiales o el transporte (...)", ha enumerado la senadora 'popular', que ha culpado a la ministra de "abarcar mucho y hacer poco".

A juicio de Riolobos, las políticas en materia de consumo del Gobierno "fracasa" por el "silencio" del ministerio, el "incumplimiento" de los mandatos aprobados en la Cámara alta en este sentido y la "ignorancia" de los problemas que afectan a los consumidores.

Ha indicado también que las previsiones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apuntan a que las quejas de 2010 serán superiores a las de 2009, sobre todo las relacionadas con la telefonía móvil, los servicios bancarios, los seguros el transporte aéreo, el comercio electrónico, o con temas laborales.

"La política de su gobierno va en sentido contrario con las quejas de los consumidores", ha criticado la senadora, que ha pedido a la ministra que "dedique más tiempo" a los asuntos de su departamento y "deje de apoyar a candidatos, tránsfugas o hablar de la sucesión de Zapatero".

Pajín, por su parte, ha defendido que el grado de confianza de los consumidores españoles es superior en cuatro puntos a la media de la Unión Europea y que todas las políticas del Ejecutivo español en materia de consumo son fruto del "consenso" con las comunidades autónomas y las organizaciones de consumidores, a las que el Ministerio de Sanidad "escucha directamente".

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

"Los consumidores nos han tenido ahí siempre", ha defendido la ministra, que ha recordado que hay una "importante" base normativa y que en los últimos años el Gobierno ha "reforzado" la formación y la información para un consumo más responsable, especialmente dirigida a los nuevos hábitos, y ha recordado que se va a invertir más de un millón de euros en campañas de información, o medidas destinadas a colectivos más desfavorecidos para que puedan ejercer sus derechos "de forma eficaz".

"Todos a trabajar y espero que no se vuelva a decir que aquí no se hace nada, especialmente por respeto a los trabajadores del Instituto nacional de Consumo, comunidades y organizaciones de consumidores. Eso sí, voy a tomar nota de todo lo que se dice aquí, pero no voy a hacer es hacer caso a sus recomendaciones (del PP) porque vengo aquí a hacer política en mayúsculas, que es la que responde a los problemas de los ciudadanos", ha concluido.

Pajín ha enumerado la Ley de competencia desleal, Ley de intermediarios financieros, y ha insistido en que el Gobierno trabaja en una ley de servicios de atención al cliente, que "evitará la mayoría de las reclamaciones que hay actualmente". Asimismo, ha subrayado las iniciativas orientadas a informar al ciudadanos sobre el consumo responsable, o el apoyo a las organizaciones de consumidores con 3,6 millones de euros.

En cuanto al control de productos, Pajín ha destacado que se ha desarrollado un acuerdo con Aduanas para tener un control más exhaustivo de productos, además de la red de alertas, que en 2010 ha sido la responsable de la destrucción de 1,4 millones de productos peligrosos, el estudio sobre las tasas de las compañías aéreas, la venta de entradas 'online', la creación de una comisión interministerial sobre asuntos de telefonía y banca, o el acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre otros.