MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, exigió hoy al Gobierno que establezca unas listas de espera "transparentes y públicas" para el acceso al futuro Sistema Nacional de la Dependencia.
La dirección del PP organizó hoy un encuentro sus alcaldes y presidentes de diputaciones para abordar el desarrollo de la Ley de Dependencia, tras su entrada en vigor el pasado 1 de enero. En esta reunión, los 'populares' manifestaron su "preocupación" por el "retraso" en la efectividad del derecho a recibir una prestación o un servicio por parte de los afectados.
Según Pastor, los ayuntamientos del PP tienen "colas de personas" que se acercan a sus 'ventanillas' interesados por el derecho que reconoce la Ley. "Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no ha puesto en marcha ningún sistema de información", destacó Pastor.
Los alcaldes del PP también están preocupados por el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat catalana, sobre la inconstitucionalidad de la Ley. Pastor advirtió de que el derecho a recibir asistencia por parte de los dependientes "debe ser el mismo", independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida.
"No es posible que una de las leyes más importantes pueda ponerse en peligro por intereses nacionalistas", aseveró. Según dijo, el gobierno tripartito "tiene que explicar si dicho informe se va a aplicar y por tanto si se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad".
Mientras tanto, explicó que el PP aún no ha decidido si recurrirá por la vía de lo Contencioso-Administrativo la composición del consejo territorial del sistema. El PP entiende que los representantes asignados al Gobierno (11 más el ministro de Trabajo) permite tomar decisiones por "rodillo" en función del color del Gobierno.
CRITERIOS DE REPARTO ECONÓMICO
El PP también exige al Gobierno que aclare los criterios que utilizará para repartir a las comunidades autónomas los recursos económicos. Pastor denunció que el pasado 30 de diciembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se concede 1 millón de euros a País Vasco y Navarra para llevar a cabo este tipo de políticas.
Además, las comunidades del PP exigen que se mejore el baremo que medirá el grado de dependencia de las personas, al entender que no es efectivo para personas con problemas de discapacidad intelectual y con discapacidades sensoriales (déficit auditivo, visual, daño cerebral, neurológico o enfermedades raras).
Igualmente, creen que el baremo presenta problemas para la valoración de los niños dependientes menores de tres años, especialmente en lo relativo a la adquisición del lenguaje, además de presentar "importantes carencias" a la hora de valora cuestiones como la comunicación, la movilidad o la falta de autonomía en actividades domésticas.
Las autonomías del PP opinan también que se valora de forma inadecuada la dimensión social y ambiental de la dependencia (necesidad de apoyo y factores conductuales) y que hay una falta de previsión sobre los profesionales que van a llevar a cabo la evaluación y su perfil.
