MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha pedido en el Congreso que el Gobierno realice un estudio que determine el impacto en menores de la conocida como custodia compartida impuesta, con el objetivo de tener información más detallada sobre esta práctica antes de legislar sobre ella.
Los socialistas se refieren a una moción de Ciudadanos, que fue apoyada por la mayoría de la Cámara Baja el pasado mes de junio, por la que se instaba al Ejecutivo a llevar a cabo las reformas necesarias para hacer de la custodia compartida impuesta "la fórmula más deseable". Tanto PSOE como Unidos Podemos votaron en contra de la iniciativa al considerar que era "peligrosa", en especial, en casos de violencia de género.
La portavoz socialista de Igualdad en la Cámara Baja, Ángeles Álvarez, ha denunciado que actualmente no hay datos oficiales en esta materia y que sólo existen datos de asociaciones de juristas de las que se desprenden informaciones preocupantes sobre la situación de los niños. Para el PSOE sería necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene acceso a las sentencias dictadas en este sentido, facilitara los datos.
"Estamos diciendo que antes de lanzarnos a legislar en materia de custodia compartida impuesta, hay que tener un conocimiento claro del impacto de estas normas en los menores sin tener conocimiento de estos parámetros", apunta Álvarez en declaraciones a los medios en el Congreso.
A su juicio, "es poco oportuno" poner en manos de los jueces, "que no conocen al detalle las circunstancias personales del grupo familiar", la decisión de "cuál debe ser la convivencia entre excónyuges e hijos" sin dar a las familias "la oportunidad de ponerse de acuerdo".
CENTRARSE EN LOS MENORES
La iniciativa, una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia y en la de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, señala que el 80 por ciento de las separaciones y divorcios en España se producen de mutuo acuerdo, por ello, desde el PSOE se apoya que la intervención del juez sólo se produzca "en caso de conflicto" en el que los separados o divorciados no lleguen a un entendimiento.
Álvarez ha reconocido que se trata de una cuestión compleja y defiende que esta materia tenga un enfoque centrado "en los menores" que, según ha denunciado, en muchos casos se convierten en el hilo conductor de los conflictos entre las parejas.
"No podemos imponer que el modelo relacional entre quien se separa este judicializado. Hay que permitir acuerdos entre los excónyuges y fomentar dichos acuerdos. Para nosotros esa es la línea más positiva", ha insistido.
