MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado este miércoles que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local incrementará el gasto público, dejará a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad aún más desasistidos y los medios rurales se verán absolutamente desasistidos.
En un comunicado, la citada asociación carga duramente contra la medida contemplada en el proyecto de ley según la cual las Comunidades Autónomas deberán asumir en un plazo de un año las competencias relativas a servicios sociales, hasta ahora asumidas por las corporaciones locales.
En este sentido, ha recordado que el sistema de servicios sociales en España en las tres últimas décadas ha tenido la proximidad "como pilar fundamental" y ha alertado de que la actual reforma plantea como pretensión para los servicios sociales "su extracción del ámbito competencial de las administraciones locales como si se tratase de un gasto molesto, innecesario o superfluo".
"Como si una red de sesenta mil profesionales con más de siete millones de atenciones sociales básicas prestadas en 2011 o seiscientos cincuenta mil ciudadanos que reciben más de quinientos millones de horas de cuidados en sus domicilios, se pudiesen transferir de lo local a lo autonómico en ese plazo y, además, con la pretensión (obligatoria) de que no se incremente el gasto para el conjunto de administraciones", ha argumentado.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado igualmente al Ejecutivo que "si no tiene alma" al menos que "coja la calculadora" y, en este sentido, ha recordado que los datos de contabilidad pública que ofrece el Ministerio de Hacienda a este respecto "evidencian las gravísimas consecuencias" de la reforma.
Entre otras cifras, ha señalado que en 2012, las entidades locales gastaron 8.331 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales --5.118 en servicios sociales, 2.410 en educación y 802 en sanidad-- y que de cada tres euros que se gastaron en servicios sociales en España el pasado año, uno fue gestionado por Administraciones Locales.
Si la reforma que plantea el Gobierno sale adelante, según alerta la asociación, siete millones de ciudadanos que ya viven en situación de fragilidad o vulnerabilidad "se verán aún más desasistidos" al suprimirse los servicios del ámbito local "con la pretensión de que sean asumidos por unas Comunidades Autónomas ahogadas por el techo de déficit".
Asimismo, ha alertado de que se incrementará el gasto público "ya que los servicios de proximidad se prestan de manera más eficaz y eficiente desde el ámbito local". "Si se continúa con el planteamiento de esta reforma, las más de 30.000 plazas de residencias de mayores en manos de las entidades locales (567 centros cuyo coste seguramente superará los 1.000 millones de euros) deberán ser cerradas por imposibilidad de asunción por parte de las Comunidades Autónomas", ejemplifica al respecto.
Sobre este asunto, además, ha censurado que la reforma planteada no contemple "toda la complejidad del sistema" en cuanto a organización, equipamientos y personal. Como ejemplo, ha recordado que hay más de 60.000 trabajadores y trabajadoras en los servicios sociales básicos (muchos de ellos como funcionarios) cuya transición hacia otra administración o hacia las listas del paro por la amortización de su puesto no puede hacerse en un año.
La Asociación también ha incidido en que los municipios "sufrirán las consecuencias de la crisis sin tener absolutamente ninguna herramienta en su mano para actuar de manera proactiva frente a la quiebra de la cohesión social y vecinal que se está produciendo ya por causa de la crisis". En la misma línea, la Asociación ha subrayado que los medios rurales "se verán absolutamente desasistidos en un retroceso de décadas".