MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas en Iberoamérica, un hecho que ha calificado de "desolador".
Asimismo, el organismo ha censurado que los ataques contra medios de comunicación, acoso judicial y estigmatización han aumentado y han contabilizado 15 asesinatos de periodistas. Así lo ha revelado la SIP en una reunión celebrada de forma telemática del 19 al 21 de abril y en la que ha tratado además la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los medios en la pospandemia.
En concreto, la SIP ha confirmado que en los últimos seis meses han sido asesinados 15 periodistas (10 en México, 3 en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras), de los que 13 sucedieron en los tres primeros meses de 2022.
"La impunidad de esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia", lamenta la organización en una nota de prensa, recogida por Europa Press.
Asimismo, han indicado que en Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con frecuencia víctimas de la persecución y represión de "gobiernos totalitarios".
En concreto, la SIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana, ya que, según denuncia, la prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del "secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil".
En este contexto, "se reclamará a las embajadas de Nicaragua en cada país que se libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro".
ATENTADOS CONTRA MEDIOS
En otro punto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha asegurado que existe preocupación por los atentados incendiarios contra cuatro medios, dos en Argentina y dos en Colombia.
Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela "fueron objeto de vigilancia digital". Así, la SIP ha acusado al Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, de usar el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación, así como al "régimen" de Nicolás Maduro, en Venezuela, de bloquear portales de internet y censurar el acceso a la red en forma general, "valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales".
Otro foco de atención en el que la SIP incide es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada, según la organización, también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
"En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública", recoge la nota de prensa.
ASPECTOS POSITIVOS
Pese al incremento que recoge el informe de la SIP, en el último semestre también ha habido otros aspectos positivos. Por ejemplo, en Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales.
Asimismo, en Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.
En esa línea, en la reunión de la SIP se también se ha debatido la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa que incluye el recibir, sin mayor dilación, justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales por el uso lucrativo que estas realizan de los contenidos que generan los medios de prensa.
