MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un total de 37 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por un total de 10 secciones judiciales contra la Ley Integral de medidas contra la violencia de género, que el próximo día 29 de junio cumple un año en vigor, en la parte que afecta a las medidas penales, informó hoy la Delegación del Gobierno sobre estos temas.
Las cuestiones de constitucionalidad se refieren a preceptos penales de la norma al entender los jueces que es discriminatoria por establecer penas superiores para los hombres en los casos de violencia sexista, frente a las mujeres.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género significa que estas cuestiones se refieren únicamente a los artículos 153 y 171 del Código Penal. El Constitucional admitió el pasado 9 de febrero la primera cuestión de inconstitucionalidad sobre esta norma, presentada por la juez de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza.
Con algunas diferencias, los jueces discuten la norma al estimar que vulnera el artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". También entienden infringidos los artículos 10 y 24.2 de la Carta Magna.
En un encuentro con medios de comunicación, la delegada del Gobierno destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este asuntos, teniendo en cuenta el número de casos que actualmente se encuentran paralizados pendientes de su resolución."Es muy importante que el TC se pronuncie", recalcó.
Orozco reiteró la confianza del Gobierno en la "constitucionalidad" de la norma y destacó la "importancia" de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión y recordó que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo del conjunto de las fuerzas parlamentarias. En lo que va de año, 33 mujeres han fallecido a manos de su pareja sentimental.
Las secciones primera, segunda y cuarta del TC admitieron a trámite este mismo mes cuatro nuevas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los juzgados de lo Penal número 6 de Madrid, número 4 de Murcia, número 7 de Alcalá de Henares (Madrid) y número 4 de Murcia
Tres de las cuatro cuestiones planteadas se refieren, al igual que hizo la magistrada María Poza, a la modificación del artículo 153.1 del Código Penal, que establece penas de seis meses a un año de cárcel a quien "por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra" a una mujer con la que haya mantenido una relación de afectividad.
UN AÑO DE SU ENTRADA EN VIGOR
La delegada del Gobierno valoró de manera positiva los resultados de esta ley en materia de protección, principalmente en lo que se refiere al incremento de denuncias (unas 100.000 en el último año). La norma continúa en fase de desarrollo y el próximo 28 de junio se constituirá el Observatorio de la Violencia de Género (órgano que aglutinará toda la base de datos estadística que se posee en España sobre este problema). Asimismo, en breve el Consejo de Ministros aprobará los reales decretos para el desarrollo de la Ley Orgánica de la Educación, con contenidos en materia de igualdad y prevención de violencia de género, en la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Orozco ofreció algunos datos derivados de la entrada en vigor de la norma, como por ejemplo los derechos laborales y económicos. Así, un total de 5.046 mujeres se beneficiaron de la renta activa de inserción para víctimas de violencia de género durante el primer trimestre de 2006, casi tantas como las que recibieron esta ayuda durante todo el año pasado (5.287).
Por otra parte, también en el primer trimestre del año, se realizaron un total de 123 contratos bonificados y 14 de interinidad a mujeres que sufren este problema. En 2005 se realizaron 422, lo que supuso un incremento del 70,16 por ciento respecto al año anterior. Para el Gobierno, la ley se ha constituido como el principal elemento de sensibilización contra la violencia de género. Según datos oficiales, el 73,5 por ciento de los españoles conocen su existencia y las víctimas cada vez tienen una mayor confianza en ella dado el aumento registrado en el número de denuncias.