MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ponente del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, Margarita Uría, aseguró este miércoles que "tiene lógica" que se informe a los padres de una menor que solicita abortar, salvo en los casos de exclusión social en los que no proceda.
En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Uría defendió este derecho de los padres en tanto que ejercen la patria potestad mientras los hijos son menores de 18 años y argumentó que "debiera reconocérseles y que fueran informados de la petición de su hija de someterse a una IVE".
No obstante, puntualizó que el dictamen votado por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ excluye esta posibilidad "en caso de menores con desarraigo, maltratados y todas aquellas situaciones de exclusión social en que la consulta a los padres resulte totalmente improcedente".
El hecho de que los padres sean informados no implica que sea necesario que den su consentimiento, conforme plantea el anteproyecto de ley del Gobierno. Sobre este asunto, Uría incidió en que "no es una edad gratuita" sino que "tiene sentido" ya que el Código Civil reconoce cierta capacidad de maniobra a las personas que alcanzan los 16 años.
"Creemos que se sitúa bien con otros preceptos del propio ordenamiento español. La edad de 16 años tiene connotaciones a muchos efectos y en el propio articulo 162 del Código Civil ya hay una previsión respecto de que a esas edades uno puede tener ya criterio, se puede emancipar, se puede casar y puede vivir libremente con el consentimiento de los padres", explicó Uría.
Otro de los asuntos que abordó la ponente del CGPJ es el consentimiento informado que, según el anteproyecto de la ley, debe recibir quien solicita el aborto en un sobre cerrado. El informe respaldado por la Comisión de Estudios pide que esta información se facilite de forma "individual y personal" para que la ley tenga encaje constitucional.
"Tiene que ser individual y personal en cada uno de los casos porque creemos que es la garantía de que se haga correctamente y de que quepa dentro de los supuestos que ahora la ley va a prever y que la jurisprudencia constitucional en la que nos queremos situar permite, está precisamente en la garantía de la suficiencia del conocimiento y del consentimiento de la mujer que va a tomar esa decisión", apuntó Uría.
En cuanto al dictamen en sí y su futura votación en el pleno del CGPJ que se celebrará el día 23 de julio, la ponente destacó que en la Comisión de Estudios el debate ha sido "muy intenso pero muy grato" y protagonizada por "la corrección, cordialidad y el rigor", lo que ha dejado tanto a los vocales en minoría como a los que han ganado la votación "relativamente satisfechos".
Sin embargo, no quiso aventurar lo que ocurrirá con el texto en el pleno y recordó que antes de este dictamen se elaboró y rechazó uno que planteaba la inconstitucionalidad del anteproyecto presentado por el Gobierno. Por eso, señaló que lo más probable es que ambos textos acaben llegando a las Cortes y sean el material que utilicen los diputados para elaborar sus enmiendas.