Víctimas de abusos o el Valle de los Caídos marcan las relaciones entre Iglesia y Estado antes de la visita del Papa

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La relación entre el Gobierno y la Iglesia ha estado marcada en los últimos tiempos por el acuerdo entre ambas partes para la indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el seno del clero y también por la resignificación de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos.

En este sentido, su relación se encuentra en un momento de cooperación en asuntos concretos, junto con tensiones públicas en otros ámbitos de debate social y político. Así, reflejan diferencias de enfoque entre las partes.

Si bien, la próxima visita del Papa León XIV a España en el mes de junio añade un nuevo elemento a la relación institucional. El viaje, que incluirá distintas ciudades y encuentros oficiales, obligará tanto al Gobierno como a la Iglesia a coordinarse.

Uno de los principales hitos recientes en la relación entre el Gobierno y la Iglesia ha sido el acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero entre el Ejecutivo y la Iglesia para crear un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, especialmente en aquellos casos en los que los delitos han prescrito o no pueden dirimirse en la vía judicial ordinaria.

Otro de los puntos sensibles en la relación entre el Ejecutivo y la Iglesia en los últimos tiempos ha sido el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros, como parte de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, con la intención de transformar este espacio en un espacio de memoria y homenaje.

De la misma manera, el Ejecutivo avanzó el año pasado que se había logrado un acuerdo con la Iglesia por el que este proceso mantendría a los monjes benedictinos en la abadía, la basílica y la cruz. Estas negociaciones estuvieron encabezadas por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, como mediador. No obstante, una vez publicado el concurso internacional de ideas para la resignificación del recinto, los obispos reprocharon al Gobierno no haber contado con la Iglesia en el desarrollo posterior del proyecto, reabriendo así un foco de tensión.

En el ámbito legislativo también se han producido discrepancias. El Gobierno inició en octubre del año pasado los trámites para reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto, con el objetivo de "blindarlo" y evitar retrocesos ante cambios políticos. Esta idea fue rechazada por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, quien aseguró que hay mujeres que "con el aborto pierden el derecho a la vida".

Por otro lado, la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) negó en diciembre de 2025 haber pactado con el Gobierno que en la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) --que entró en vigor en enero de 2021-- no existiera una asignatura alternativa (espejo) a la materia de Religión en Bachillerato.

En cuanto a las inmatriculaciones, en 2021, el Gobierno publicó un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998, en un ejercicio de transparencia acordado con los obispos españoles. La Iglesia reconoció que alrededor de un millar de bienes podrían no corresponderle.

AMBOS APOYAN LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Otro de los puntos que acercan a Gobierno e Iglesia es el fenómeno migratrorio, ya que los obispos españoles aplaudieron el anuncio del inicio del trámite para llevar a cabo la regularización extraordinaria de migrantes, aunque pidieron cauces "adecuados y suficientes" para llevarla a cabo.

"Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española nos parece una muy buena noticia el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes", indicaron el 27 de enero de este año, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos.

Además, la CEE defendió que la regularización extraordinaria de migrantes "es un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular".