Los diputados autonómicos andaluces obtener esta semana el certificado digital en el Parlamento regional

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados autonómicos que aún no posean el certificado digital para la realización de trámites por internet tienen esta semana la oportunidad de que se les expida gratuitamente en el propio Parlamento andaluz. La Consejería de Justicia y Administración Pública instalará en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara un punto de información donde dos registradores facilitarán la firma electrónica a todo aquel que lo solicite mañana o el próximo viernes, coincidiendo con el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones.

Según informó hoy este departamento, la obtención de estos certificados digitales permite acceder a los 235 procedimientos y servicios implantados en la administración autonómica que permiten la presentación telemática de la solicitud, entre los que figuran los cambios de médico o de centro de salud, pedir el carné joven o la cartilla de familia numerosa, reclamar pensiones no contributivas de jubilación o de invalidez, beneficiarse de asesoramiento jurídico sobre violencia contra mujeres, pedir certificaciones tributarias y formalizar el pago de algunos tributos.

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, y la presidenta del Parlamento, María del Mar Moreno, junto a la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Clara Aguilera, se interesarán el viernes por la mañana 'in situ' por la marcha de esta iniciativa de la Junta, al objeto de extender lo más posible las posibilidades del certificado.

Según la Junta, en la actualidad hasta 2.188 registradores formados al efecto han expedido unas 230.000 firmas electrónicas en las 834 oficinas existentes en Andalucía, la segunda comunidad autónoma en número de certificados emitidos, con un 21 por ciento del total que se ha expedido en España.

El Ejecutivo andaluz ha facilitado la firma electrónica a cerca de 500 organismos de la comunidad autónoma, desde que en el año 2002 suscribiera el convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la utilización de los certificados digitales y la creación de oficinas de acreditación. Más de 400 ayuntamientos, las ocho diputaciones provinciales, las nueve universidades públicas, el Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo Andaluz.

'eCONSEJERÍA'

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha ejecutado e informado a la institución parlamentaria sobre varias iniciativas relacionadas con la Administración Electrónica en los últimos meses. Así, los miembros de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública visitaron en diciembre el proyecto de 'eConsejería', una estrategia de optimización de los recursos de la propia Consejería que, utilizando nuevas tecnologías y sistemas de información, siga impulsando una administración transparente y eficaz a través de distintas herramientas.

La Comisión, encabezada por su presidente, José Enrique Fernández de Moya, del Grupo Popular, se interesaron por las características de la eConsejería en la propia sede de Justicia y Administración Pública, en la plaza de la Gavidia de Sevilla. La eConsejería pretende un triple objetivo: atender las demandas de la ciudadanía, aumentar la eficiencia presupuestaria y ofrecer un acceso mejor y más rápido a los servicios públicos. Resalta también la aplicación de preguntas parlamentarias que gestiona, por vía telemática, la resolución por parte del Ejecutivo de las preguntas procedentes del Parlamento.

La Consejería ha facilitado al Parlamento la tecnología necesaria para disponer de plataformas tales como un servicio de autentificación y firma electrónica, un registro telemático, un servicio de fechado electrónico o un gestor de documentos electrónicos, que en este caso permite unificar la gestión de los documentos recibidos a través de internet y por los canales de atención presencial.

La formalización de dicho convenio posibilita a la Cámara andaluza la prestación de servicios de certificación de firma electrónica bajo la condición de garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas en el ámbito de su actividad, con los diputados que lo integran, con los grupos parlamentarios y con los ciudadanos de Andalucía.