El PP de Canarias advierte "miedo" en el Gobierno regional ante el recurso del Estado contra la ley turística

María Australia Navarro, Diputada Del PP En El Parlamento De Canarias
CEDIDA POR EL PP DE CANARIAS
Actualizado: lunes, 17 febrero 2014 17:53

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Canarias, a través de su portavoz parlamentaria, Australia Navarro, se ha preguntado este lunes "por qué en las filas del Gobierno de Paulino Rivero temen que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la legalidad de la moratoria turística canaria, que arbitrariamente prohíbe la construcción de hoteles de nueva planta de 4 estrellas en suelo de uso turístico ya calificado".

Australia Navarro considera, en una nota, que "es revelador que el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma impuesta por CC y PSOE provoque miedo en el Ejecutivo regional, que nada debería temer del dictamen del Tribunal Constitucional".

La portavoz popular reconoce, en esa línea, que en el PP llevan "muchos meses" reclamando una reforma de la normativa "a la que Paulino Rivero se ha negado sistemáticamente, pese a los pronunciamientos del empresariado canario, de las principales instituciones públicas de Gran Canaria, incluso del propio Comité de Expertos que Paulino Rivero creó y nombró en su día".

En su opinión, "el anuncio de un recurso contra la moratoria es una buena noticia para Canarias, para la economía y el empleo, que podrían beneficiarse de proyectos de inversión privada que hoy están bloqueados por el intervencionismo del Gobierno de Rivero".

Australia Navarro recuerda también que "ni los nacionalistas ni los socialistas deberían alarmarse tanto por acudir al Tribunal Constitucional; máxime cuando ellos, como socios de gobierno en Canarias, no dejan de recurrir a los tribunales de Justicia todas las reformas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular".

A juicio de la portavoz popular, "es insostenible que mientras el Gobierno regional recurre lo que se le antoja, se venga ahora a ofender porque el Gobierno de la Nación cuestione la dudosa legalidad de una moratoria que puede vulnerar el principio constitucional de no discriminación y que, desde luego, frena e impide nuevas inversiones turísticas en Canarias que no consumen nuevo suelo".