IU-ICV acusa a Aena de discriminar a las mujeres en sus entrevistas laborales para evitar bajas de maternidad

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, acusa a Aena de estar discriminando a las mujeres que aspiran a algún puesto de trabajo en la empresa en función de si se pueden quedar embarazadas o no, y esgrime una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena al gestor aeroportuario por una entrevista en la que la afectada acabó incluso "confesando" que se había hecho una ligadura de trompas por lo que no podría tener más hijos.

En una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares se hace eco del caso de una mujer de Valladolid que en 2009 realizó una entrevista para cubrir un puesto de Aena Aeropuertos en Tenerife Norte para la que finalmente fue seleccionada otra mujer que "no tenía pareja ni hijos".

Según se recoge en la sentencia que cita el diputado, "los entrevistadores preguntaron a la aspirante denunciante, casada y madre de dos niñas menores, por su situación personal, y le hicieron presente las dificultades que tendría para encontrar colegio para sus hijas y para que su marido consiguiera trabajo en la isla, advirtiéndole de que no querían a alguien que se cogiera una baja por maternidad", con lo que la afectada acabó "confesando que se había ligado las trompas y que no podía tener más hijos".

"DA VERGÜENZA AJENA".

"Nos da vergüenza ajena", señala Llamazares, que coincide con el fallo de la magistrada del TSJC, para quien preguntar por circunstancias familiares y personales "totalmente ajenas al trabajo a desempeñar" supone "una conducta discriminatoria" ya que la afectada "se vio obligada a revelar sus planes familiares y datos médicos pertenecientes a su más estricta intimidad, innecesarios para una gestión de personal responsable y respetuosa con la dignidad del empleado".

Algo que, a juicio de la Izquierda Plural, "vulnera flagrantemente" la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y la Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, e incluso podría ser sancionable en virtud de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.

De momento, el TSJC ha condenado a Aena a pagar 3.000 euros a la demandante, pero Llamazares quiere saber si el Gobierno es consciente de estas "presiones" del gestor aeroportuario a una posible empleada y si piensa tomar medidas para que todas las empresas públicas "respeten escrupulosamente las leyes y las políticas de igualdad".